La investigación de la Policía Nacional en Zaragoza por la contratación de inmigrantes ilegales para las obras del tranvía ha servido para desenmascarar una organización que presuntamente se sirvió de estos empleados con el fin de facturar, como subcontrata, más dinero a la unión temporal de empresas responsable de la obra, formada por Acciona y FCC, e incluir operarios ficticios por los que luego reclamaba la prestación por desempleo a la Seguridad Social. Así, los ocho detenidos en esta operación policial (llamada Coco) se enfrentarán a las acusaciones por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsificación documental y delito contra los derechos de los trabajadores, pero también por el de estafa a la Seguridad Social, a la sociedad Tranvías de Zaragoza y a la UTE de la obra.

Es el resultado de una investigación que, según la Policía, "no está cerrada" y que comenzó cuando la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) "detectó a dos trabajadores brasileños con documentación falsa en la vía pública", prosiguió con la detención de hasta once operarios de esta nacionalidad (diez con identidad lusa y otro italiana) y desembocó con la detención, anteayer, de ocho personas relacionadas con la organización, todas vinculadas a la empresa Construcciones y Obras Públicas 2001.

Según explicó ayer el comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Fernando Oliván, uno de los arrestados es el responsable en Zaragoza de esta empresa, J. V. C. R., quien contrató a ciudadanos brasileños consciente de su situación irregular y proporcionándoles identidad falsa a través de L. A. G., un encargado de la obra y también brasileño. Cuando conseguía su documentación, dos secretarías les daban de alta en la Seguridad Social a través del sistema Red.

Cuando detuvieron a los once brasileños en mayo, se empezó a facturar más horas de las que se trabajaban. Para ello, dos encargados de tramo, M. A. T. A. y J. M. P. G, "cobraban de 5.000 a 6.000 euros mensuales por anotar más trabajadores en las listas de la obra". Al igual que J. M. A., antiguo propietario de la empresa y que actuó en connivencia con el actual responsable, y el jefe de producción, que daba el visto bueno a las facturas.

Seis de ellos están a disposición judicial y dos, las secretarias, en libertad pero con cargos, porque se entiende que está demostrada su colaboración pero el juez debe decidir si fue conscientemente.