Una de las claves del litigio se encuentra en la determinación de si la vivienda que iba a construir el comprador en la finca objeto de litigio es un bien de primera necesidad. La acusación sostiene que sí lo era. La legislación y la jurisprudencia permiten considerar agravadas las estafas cuando afectan a bienes de ese tipo, caso en el que, al estar castigadas con penas de mayor duración, el periodo de prescripción se eleva hasta los diez años. Tanto la defensa como la Fiscalía mantienen que el edificio no lo era, por lo que consideran que fue denunciado tras prescribir.