La Fiscalía pidió ayer a la Audiencia Provincial de Zaragoza que ordene la clausura definitiva del club Euro, de El Burgo de Ebro, al considerar que su propietario --A. F., para el que pide 22 años de cárcel-- y uno de sus empleados --E. D. S., para el que solicita diez años de prisión-- imponían unas condiciones leoninas a la veintena de mujeres que se prostituían en el local. La defensa, ejercida por el abogado José Luis Melguizo, solicitó la absolución argumentando que ninguna chica era explotada y que todo se debía a los "intereses espúreos" de una de ellas, que habría testificado contra el empresario --ayer compareció como testigo protegido-- para evitar su deportación por carecer de papeles.

Tanto el empresario como su empleado negaron pertenecer a ningún tipo de red de trata de blancas y aseguraron que lo único que cobraban a las mujeres eran sesenta euros diarios en concepto de alojamiento, por dormir y cuatro comidas. "Nosotros alquilábamos habitaciones y nada más", dijo A. F., que aseguró que "todo el dinero que sacaban era para ellas".

Según explicó --y ratificaron varios testigos, entre ellas la denunciante--, en el local había siete teléfonos y media docena de ordenadores que las mujeres podían utilizar cuando quisieran.

También indicó que cuando llegaban nuevas chicas les pedía el pasaporte para evitar que se le colaran menores de edad y, en caso de advertir que faltaba algún sello, las llevaba ante la Brigada de Extranjería para que iniciaran los trámites de regularización.

La denunciante aseguró que sabía que venía a España a ejercer la prostitución, ya que alguien le ofreció en Brasil hacerlo para ganar "2.000 reales cada semana". Sin embargo, añadió, al llegar le comunicaron que tenía una deuda de mil euros por los gastos de viaje a la que se sumaba otra de 3.000 por el billete de avión, con los 60 euros diarios del alojamiento aparte. Admitió que tenía "libertad de movimientos" para entrar y salir del local.

Tras dejar el club, Extranjería le abrió un expediente de expulsión por no tener papeles. "Como hice la denuncia, me dieron la tarjeta" de residencia temporal, dijo ayer. No obstante, negó que algún policía le hubiera dicho que no la renovaría si no declaraba como testigo de cargo.

Otra chica que declaró contra los acusados negó que hubiera presentado la denuncia para obtener los papeles y anotó que, pese a referir la misma deuda que la anterior, no llegó a prostituirse. "No podía trabajar. No es que no quisiera", matizó.

Varias mujeres negaron que en el club les hubieran impuesto el pago de deudas.

El fiscal indicó en su informe que el Código Penal castiga a "quien se lucre explotando la prostitución", sin necesidad de que haya coacciones.