La Iglesia católica recurrirá al Ministerio de Asuntos Exteriores para que interceda en el litigio por los bienes de arte sacro de las parroquias altoaragonesas en el caso de que la Generalitat de Cataluña se oponga a la entrega de las piezas a la diócesis de Barbastro. Antes de llegar a ese extremo, los dos obispados trabajarán juntos para desbloquear todas las trabas que se encuentren y que impidan la devolución del patrimonio. Y la traba principal está en el Gobierno catalán.

La opción de recurrir a Exteriores, contemplada como última instancia y con pocas probabilidades de que suceda, sería consecuencia del acuerdo alcanzado por los obispos de Lérida y Barbastro para apoyar firmemente la entrega del arte a sus propietarios legítimos, las parroquias altoaragonesas. Este pacto se alcanzó en la Nunciatura Apostólica de Madrid el pasado miércoles, y termina con la posición ambigua de los sucesivos obispos de Lérida que han recurrido continuamente y se han personado en todos los pleitos, a pesar de que han obtenido hasta 23 resoluciones contrarias.

La intercesión del Ministerio de Exteriores, cuya flamante ministra, Trinidad Jiménez, se encuentra un pleito atascado desde hace 15 años, sería consecuencia de la validez del Derecho canónico en España, como consecuencia de los acuerdos del Concordato con la Santa Sede del año 1979.

VALIDEZ JURÍDICA PLENA Según esos acuerdos, en el estado español tienen plena validez jurídica las sentencias emitidas por la Santa Sede como Estado extranjero. Y, como ayer recordó el vicario judicial de la diócesis altoaragonesa, José Mora, el propio ministro de Justicia ha reconocido en el Senado que corresponde a Exteriores hacer que se cumpla el derecho canónico. En cualquier caso, antes de que esto sucediera, se debería constituir previamente --o al menos sería lo conveniente-- una comisión mixta que aborde los pasos a dar. Y los responsables de la diócesis de Barbastro no quisieron anticipar ayer, en su primera comparecencia pública tras el acuerdo alcanzado el miércoles, ninguna de las iniciativas que van a trabajar conjuntamente con la diócesis de Lérida. Porque, como admitió Milián y aseveró el vicario general Pedro Escartín, la Generalitat es ahora mismo "el principal obstáculo" para impedir el retorno, después de que catalogara los bienes y constituyera en 1999 un consorcio formado por cinco partes.

"Mi postura es muy clara, que se cumpla la Justicia", indicó el obispo de Barbastro, Alfonso Milián, "lo que no quita para que dialogue , facilite y permita la exposición de las piezas en Lérida, Barcelona, Madrid, Sevilla o donde las pidan", añadió. Y se felicitó porque este es también el deseo de Piris. El prelado catalán no solo admitió ante el nuncio "de forma explícita" que los bienes son propiedad de las parroquias aragonesas. Milián también leyó varios fragmentos del dietario del obispo Messeguer, de principios del siglo XX, para desmontar el argumento de que este obispo adquirió el arte legítimamente.