El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, denuncia en un informe exhaustivo presentado ayer las deficiencias higiénicas, de habitabilidad y seguridad que presentan los calabozos de buena parte de los ayuntamientos aragoneses que tienen encomendada dicha competencia por ser cabeza de partido judicial y no contar con una prisión. Una situación que achacó a la precaria financiación de este servicio por parte de la Administración penitenciaria estatal, que recordó es de 35,44 euros por detenido y día. Por ello, pedirá al Defensor del Pueblo que exija un convenio interadministrativo que dote de más medios y asistencia técnica a estos municipios.

"No son instalaciones adecuadas y su situación es mejorable. Las celdas son muy pequeñas, carecen de duchas, y en algunos casos de calefacción y ventilación, así como de falta de intimidad, de alarmas, interfonos o detectores de humos. Las colchonetas y mantas no presentan un nivel higiénico saludable. Suelen situarse en los sótanos y no existe separación por sexos. También necesitan de más personal, que tendría que estar formado. Porque la Policía Local no son funcionarios de prisiones", explicó ayer ante los medios después de haber visitados las instalaciones.

En Aragón, solo Ejea de los Caballeros, Monzón, Barbastro, Calatayud, Alcañiz y Fraga cuentan con estas instalaciones. Mientras que Tarazona, Calamocha, Jaca, La Almunia de Doña Godina y Boltaña, a pesar de estar obligadas, carecen de estos depósitos por causas económicas. Y Zaragoza, Huesca, Teruel y Daroca, también cabeza de partido judicial, cuentan con un establecimiento penitenciario.

SIN INSTRUCCIONES La primera conclusión del Justicia es que la Administración estatal competente no ha definido cómo debe producirse esta delegación de competencias, ni ha dado instrucciones técnicas a los municipios, ni realiza inspecciones. Tampoco existen normas que coordinen y unifiquen las actuaciones de la Policía Local y el funcionamiento de los calabozos.

"Hay que adecuar los medios humanos, materiales y económicos a las exigencia legales", añadió Fernando García Vicente. Ya que los costes del servicio incluyen la adecuación de las instalaciones; unos medios de vigilancia y protección suficientes; la contratación de un servicio de suministro alimentario; los gastos de desinfección y limpieza; las necesarias y mínimas medidas de climatización e iluminación; la dotación de ropa de cama, colchones, etc; y la formación y el tiempo empleado por los agentes en registros, diligencias, asistencia sanitaria, etc.

Y como modelo de actuación, nombró los calabozos de Ejea de los Caballeros, por ser, además, los únicos que cuentan con un reglamento de organización y funcionamiento.