Jorge Domingo Fernández está dispuesto a encadenarse, "hacer huelga de hambre o cualquier cosa" para conseguir que su esposa, natural de la República Dominicana, pueda reunirse con él en España. Este zaragozano de 33 años, electromecánico de profesión, lleva dos años intentando que las autoridades españolas reconozcan algo que para él es obvio: que se casó con su mujer, Virginia, por amor.

Ambos se conocieron en la República Dominicana en el 2008. El joven viajaba frecuentemente al país, porque "había tenido una relación anterior con otra chica de allí, que no funcionó", explica. La química fue tal que al poco de conocerse se casaron, en diciembre del citado año, pero aún quedaba el sencillo trámite (pensaban) de validar su enlace ante el Gobierno español.

Humillación

"Ya entonces tardaron ocho meses en confirmarnos la entrevista con el cónsul", recuerda Jorge. "Pero lo peor fue la entrevista. Nos hicieron un careo por separado, como criminales, pero preguntando cosas como si habíamos tenido relaciones la noche anterior. Se me subían los colores. También teníamos que saber gustos personales del otro que ni las parejas que llevan muchos años juntas saben", asegura.

La sorpresa se la llevó Virginia cuando, tres meses después, en marzo del 2010, acudió a recoger la autorización. El Cónsul General, Manuel Hernández, denegó la validez del matrimonio por "contradicción de datos personales", "relaciones anteriores del contrayente con dominicanas" y su "convicción moral".

Según ha podido averiguar Jorge, el cónsul era por lo general reacio a conceder estas validaciones, "y por eso ya no está en el cargo". En cualquier caso, la misiva oficial daba a entender que el zaragozano era poco menos que un traficante de mujeres, o bien que Virginia se quería aprovechar de él para obtener la nacionalidad. "Cuando lo leyó, se quedó a cuadros, se llevó tal disgusto que dijo que ya no quería venir a España. Pero allí no podemos vivir, no hay salida económica", explica el zaragozano.

Desde entonces, ha emprendido todas las acciones en el Ministerio de Justicia para recurrir esta sentencia, pero los plazos se van alargando sin que nadie le de una solución. El recurso al Defensor del Pueblo tampoco fue de mucha ayuda. "Mantengo el contacto por teléfono e internet, pero tengo que verla; con los viajes periódicos, tampoco tengo estabilidad laboral. Me están destrozando la vida en todos los aspectos", lamenta.