El alcalde de Sallent, Jesús Jericó, resumió ayer el estado de ánimo de la población pirenaica al cumplirse 11 años de la muerte de los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, asesinados por ETA en la localidad al estallar una bomba lapa adosada a los bajos de su vehículo. "Pese al tiempo transcurrido, Sallent no olvida lo ocurrido porque ambos agentes eran dos vecinos más", aseguró el responsable municipal al término de la misa que se celebró en recuerdo de las víctimas.

A la ceremonia religiosa asistieron los padres de los fallecidos, miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), representantes políticos como el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, así como amigos y compañeros.

El párroco de la localidad, Francisco Aurioles, se refirió a los dos agentes como "dos buenas personas, dos buenos guardias civiles, dos españoles y dos cristianos", y señaló que en los corazones de sus seres queridos "no puede haber un poso de rencor", y que el dolor "tiene que ir unido a la paz".

Tras la ceremonia, Bermúdez de Castro criticó las declaraciones realizadas por el presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Martín Garitano, sobre el lugar en el que se realizan los atentados, asegurando haber quedado "perplejo" y "con bastante asco". Garitano, de hecho, afirmó que la izquierda abertzale "debe un respeto especial a las víctimas en Cataluña", estableciendo así dos categorías de perjudicados por los atentados de la banda,

El padre de Irene, José Antonio Fernández, subrayó que volverá a Sallent "mientras Dios me de fuerzas" y añadió que "todos los días y todas las noches" recuerda lo ocurrido y siente el bombazo "pese a no haberlo oído".