Rafael Fernández de Alarcón se presentó en las Cortes con los deberes hechos. Al menos en sus líneas maestras. Como buen técnico tiene claro los ejes --o mejor palancas-- sobre los que debe pilotar su departamento, el de Obras Públicas, Urbanismo, Transportes y Vivienda. Una de las prioridades del actual Gobierno parece ser finiquitar el Plan Red y el consejero ya ha encontrado la fórmula para hacerlo. En seis de los ocho contratos ya adjudicados, las concesionarias no han cumplido con los pliegos de condiciones. Han presentado las garantías pero no a su nombre, sino al de la unión temporal de empresas (UTE) constituida para optar a la gestión del proyecto. Así que el Ejecutivo exigirá que se haga correctamente. De no ser así se optaría por rescindir los contratos --sin pagar indemnización--.
Fernández de Alarcón dejó claro que su departamento se agarrará a cualquier resquicio legal para frenar el Plan Red y reconvertirlo en un doble proyecto, uno para la conservación de carreteras y otra para la construcción de nuevas infraestructuras. El consejero aseguró que tal como está ahora no es posible asumir la iniciativa que impulsó el PSOE, pero sobre todo su actual socio de Gobierno, el PAR. Entre otras cosas porque obligará al Ejecutivo de Rudi a desembolsar, a partir del 2014, 100 millones de euros y el Departamento de Obras Públicas, y más aún el de Hacienda, no cree que se puedan superar los 40, teniendo en cuenta la actual crisis.
COYUNTURA "No es un proyecto para un momento como el actual. La situación económica exige cambiar el rumbo. Es importante cuidar las carreteras, pero no a costa de comprometer a todo un Gobierno", remarcó el consejero. Y en ese nuevo rumbo lo primero que hay que hacer es renegociar con las adjudicatarias. "Tenemos que cumplir con la ley, eso es evidente", reconoció Fernández de Alarcón. Pero como algunas de las concesionarias no han seguido los parámetros que marcaban los pliegos de condiciones, el Ejecutivo ha visto ahí un resquicio al que agarrarse.
Los problemas de liquidez de las empresas adjudicatarias obligaron, según el consejero, a presentar las garantías económicas que requiere la concesión no en su propio nombre, sino en el de la UTE con la que concurrían al concurso. Ahora el Gobierno les está exigiendo que lo hagan como se establecía en las bases. Si no es así, se podría optar por rescindir los contratos, la opción preferida por la DGA, aunque no se diga abiertamente. Además, algunas de las adjudicatarias tampoco han cumplido con determinadas exigencias técnicas, lo que deja el camino todavía más expedito para los planes del Departamento de Obras Públicas.
Las conversaciones con las concesionarias ya han comenzado, según adelantó ayer, Fernández de Alarcón, pero todavía es prematura extraer conclusiones. "El Plan Red necesita una nueva visión porque la planificación de actuaciones que contempla no se corresponde con el del Plan de Carreteras", dijo el consejero. Por eso su consejería quiere revisar y ampliar para los próximos años este Plan de Carreteras, que se encargaría de las nuevas inversiones en infraestructuras de competencia de la comunidad autónoma. También se quiere mejorar la seguridad vial e invertir el equivalente al 2% del valor patrimonial de las carreteras aragonesas en su mantenimiento.
RELACIONES CON MADRID El resto de las actuaciones en la red viaria se refieren a inversiones que dependen directamente del Ministerio Fomento. Fernández de Alarcón tiene previsto reunirse este viernes con el secretario de Estado de Infraestructura, el oscense, Víctor Morlán. Sobre la mesa las cuestiones de siempre y sobre las que apenas se ha avanzado en los últimos años. A saber, los desdoblamientos de la N-232 y la N-II (entre Pina y Fraga) o la finalización del eje pirenaico (Pamplona-Jaca y Huesca-Lérida) o la autovía Teruel-Cuenca.
Sin olvidar, claro está, las grandes infraestructuras en las que también se requiere el apoyo decidido del Ejecutivo central, como la Travesía Central Pirenaica, que es un proyecto "viable y necesario", según Fernández de Alarcón, sobre todo para el tráfico de mercancías, puesto que en el Corredor Mediterráneo "siempre tendrán prioridad los pasajeros y terminará por colapsarse", aseguró el consejero. El titular de Obras Públicas también avanzó que los planes de su Gobierno pasan por la reapertura del Canfranc como un proyecto no solo de transportes, sino de "integración y recuperación cultural". Ya se ha contactado con Fomento para estudiar un proyecto que tiene una década y que si se impulsará deberá actualizarse.
