La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ultimaba ayer la denuncia con la que llevará al juzgado la operación en la que la plataforma logística Plaza compró por 26 millones de euros, en abril del 2007, varios edificios al una empresa del constructor Agapito Iglesias.
La denuncia incluirá un dictamen elaborado por la teniente fiscal --Asunción Losada-- tras efectuar durante las dos últimas semanas una investigación preliminar que ha incluido el estudio de cientos de folios de documentación, cuyas copias se unirán al legajo. Será remitida al Juzgado Decano de Zaragoza, que la cursará al juzgado de Instrucción al que le corresponda por reparto.
El Gobierno de Aragón denunció a finales de enero ante la Fiscalía al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, al que señalaba como presunto autor de un delito de administración desleal.
La denuncia de la DGA sostiene que el exgerente ocultó al consejo de administración información que provocó un quebranto a la empresa pública y un pelotazo a Iglesias.
LA OPERACIÓN Zaragoza Plaza Center, una de las empresas del Grupo Codesport, propiedad del constructor soriano, se hizo en octubre del 2004 por 18 millones de euros con los suelos del Centro de Negocios de la plataforma en una adjudicación que incluía una reserva de 12.000 metros cuadrados de oficinas con una fórmula tasada para calcular su precio.
Según el Gobierno, García Becerril ocultó al consejo esa cláusula cuando, dos años después, le informó de que Iglesias ofrecía a Plaza por 20 millones un edificio con 9.000 metros de oficina y 2.000 de garajes. Y la habría ocultado de nuevo, al señalar que la operación debía cerrarse "al precio de mercado que rija en el momento de la opción", cuando el órgano de administración acordó en su sesión del 28 de marco del 2007 "ejercer el derecho de reserva" sobre dos edificios, uno de los cuales --una nave-- iba a ser destinada a acoger cursos de formación profesional.
Terminaron costando 25,8 millones de euros, por lo que la DGA concluye que la operación conllevó "un exceso (de precio) de, al menos, unos siete millones de euros".
La denuncia de la Fiscalía tiene como finalidad abrir en sede judicial una investigación que determine a qué se debió el cambio de precio, si esa modificación fue o no adecuada a la ley y por qué fue aprobada por el consejo. Una de las claves consistirá en esclarecer qué información dio y/u ocultó al consejo, por qué motivo y, finalmente, si esa actuación provocó algún tipo de quebranto a Plaza o algún beneficio oscuro a Agapito Iglesias.
El ministerio público pedirá la declaración del denunciante --Jesús Andreu, gerente de Plaza--, del sospechoso --García Becerril-- y de los miembros del anterior consejo de la plataforma.
