Alrededor de una decena de familiares de víctimas aragonesas del franquismo recurrirán a tribunales extranjeros para que se encause a los verdugos --directos o indirectos-- de esos crímenes y se repare la memoria de sus familiares, muchos de ellos enterrados en fosas sin abrir o incluso sin identificar. Tras el varapalo que ha supuesto para muchos de ellos el nulo caso de la Justicia española a sus causas --el colofón definitivo fue la condena que aparta de la Audiencia Nacional al juez Baltasar Garzón-- la próxima semana presentarán la documentación, junto a otra veintena de asesinatos cometidos en otros puntos de España de 1936 a 1939, para que varios abogados argentinos reabran los casos en su país, donde hay una amplia conciencia social para reparar los crímenes de lesa humanidad.
También se están planteando la posibilidad de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque en este caso las opciones son menores por lo costoso del proceso y la dificultad que entraña abrir esa vía. Sucede lo mismo con los recursos que se van a presentar ante la Corte Suprema de Argentina, aunque en este caso los trámites están más avanzados y se cuenta con dos ventajas: la presencia en el país austral de abogados dispuestos a trabajar en las causas y la legislación de ese Estado, muy sensible a los crímenes políticos como ha demostrado con los juicios y las encarcelaciones de los represores que aterrorizaron y exterminaron a miles de ciudadanos de ese país entre 1976 y 1983.
Miguel Ángel Capapé, miembro de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO), es uno de los afectados que está dispuesto a llegar hasta el final. Varios miembros de este colectivo entregarán parte de la documentación que a finales de la semana que viene llegará a la Justicia argentina a través de un poder notarial para mover el proceso. "Estamos buscando gente afectada para que cuantos más casos seamos, haya más repercusión, pero es un proceso complejo".
LEY DE AMNISTÍA De momento, todos los casos son de la provincia de Zaragoza. Capapé reconoce que la principal dificultad es la económica, algo en lo que también coincide Mercedes Sánchez, tesorera de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). "Lo mínimo es que se reconozca que fueron asesinatos, que todo respondió a una estrategia premeditada para aniquilar a personas y aunque nadie puede devolver la vida a los asesinados, lo mínimo es que se repare su memoria".
Tanto Sánchez como Capapé lamentan la página vivida en España y la falta de voluntad para reparar los crímenes del franquismo. "Qué se puede esperar de un país en el que muchos políticos no han condenado la dictadura, vivimos en lugares donde todavía hay yugos y flechas en muchos edificios y donde gran parte de la judicatura viene del franquismo. Esto sería impensable en Alemania, Francia o Argentina. En algunos de ellos es incluso un delito", dice contundentemente Sánchez.
También lamenta esta pasividad Josefina Musulén, cuyo testimonio en el Supremo, en la causa contra Garzón, estremeció más de una conciencia al relatar la crueldad con la que los pistoleros acabaron con la vida de sus abuelos.
PRESCRIBEN "El daño es que en España se asume la Ley de Amnistía, cuando esos crímenes deben ser tratados como casos de lesa humanidad y no prescriben nunca. Buscamos Justicia, pero al menos nos gustaría que se reconozca la dignidad de esos familiares que asesinaron". Musulén no se personará en Argentina porque cada paso que se da "supone revivir el terror" para sus padres, de elevada edad. Esto es común en muchos de estos trágicos episodios. Pero Musulén también piensa que se debe llegar al final. En Aragón, una vez que Garzón desvió las causas a las audiencias territoriales, el Tribunal Superior archivó los cientos de casos. La inhabilatación del juez ha sido un mazazo para los familiares de las víctimas, que vieron en él la esperanza de reparar ese trágico capítulo de la historia, que cobra especial dramatismo cuando se pone nombre y apellidos a esas víctimas, muchas enterradas en cunetas todavía.
El próximo paso jurídico es abrir la opción argentina. De momento llegará a través de un censo de casos. Una vez que esto llegue a manos de los abogados argentinos, se abrirá un largo proceso en el que los familiares deberán acreditar de forma fidedigna la vinculación con los asesinados. Además de lo caro que es este proceso se suma otro problema: la avanzada edad de los verdugos y las trabas que presumiblemente se pondrán desde España para firmar la extradición.
