El Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia en septiembre del 2010 que desestimaba el recurso de inconstitucionalidad planteado por la comunidad autónoma aragonesa contra la Disposición Adicional Decimotercera del Estatuto de Cataluña, que marca que "los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña". La sentencia cayó como un jarro de agua fría.