CRÓNICA JUDICIAL
La justicia se va al hospital
Salud cede una sala del Provincial a un Juzgado de lo Penal para que pueda celebrar el multitudinario juicio de las aspiradoras Kirby
E. B. D.
Tres semanas de juicio, 21 acusados de haber estafado a 95 víctimas, 110 testigos y tres peritos para esclarecer un presunto fraude de más de 200.000 euros en la venta de aspiradoras a amas de casa que terminaban suscribiendo créditos --la mayoría, de más de 2.000 euros-- con entidades financieras. Tras cinco años de instrucción iniciados hace cinco años con una denuncia del abogado Rafael Ariza --asumió la defensa de varias de las víctimas--, el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 ha señalado para el próximo mes de noviembre --del 6 al 23-- la vista oral del fraude de las aspiradoras Kirby.
El cierre de las diligencias, desarrolladas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, le había creado un problema similar al que tuvo el Juzgado de Primera Instancia número 2 con el pleito civil del Yak-42 --tuvo que trasladarse a la Feria de Muestras-- o al que deberá resolver en unos meses --¿o años?-- la Sección Primera de la Audiencia con la operación Molinos: carece de una sala con capacidad suficiente para acoger una vista oral como la del juicio de las aspiradoras.
Al final, la solución la ha aportado la Consejería de Salud de la DGA, que ha cedido la sala Amparo Poch, ubicada en la Subdirección Provincial de Salud Pública, en la calle Ramón y Cajal (hospital Provincial).
Allí, según señala una reciente diligencia de ordenación emitida por el Juzgado de lo Penal número 2, declararán entre los días 12 y 20 de noviembre los 110 testigos --víctimas incluidas- y los tres peritos cuya comparecencia han solicitado la Fiscalía, las acusaciones y las defensas.
El presunto fraude, según señala el escrito de acusación del fiscal, se produjo entre los años 2005 y 2007, cuando los acusados orquestaron un sistema de venta de puerta fría en el que las compradoras de la aspiradora terminaban firmando una solicitud de crédito que después terminaban ellos de rellenar y con los que cobraban las ventas. Los comerciales, añade, buscaban víctimas pobres, viejas, enfermas o que desconocieran el idioma por ser inmigrantes para obtener sus datos bancarios con facilidad.
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