La alcaldesa de La Muela, Marisol Aured, ha convocado a los concejales para celebrar el próximo 10 de julio una junta general de la Sociedad Urbanística Municipal (SUM) en la que deberán debatir la presentación de un concurso voluntario de acreedores y el inicio de los trámites de disolución de la entidad, creada hace una década para gestionar los suelos del consistorio y que hoy se encuentra en bancarrota mientras el juez de La Almunia investiga su gestión como uno de los ejes de la operación Molinos.

Aured hizo llegar ayer a los concejales --el ayuntamiento es el único accionista de la sociedad-- una convocatoria en la que indica que la decisión de convocar la junta fue tomada el pasado miércoles por el consejo de administración de la compañía municipal, integrado, además de por ella, por otros cuatro concejales de su equipo de gobierno (PP).

EQUILIBRIOS Sin embargo, las decisiones de presentar el concurso y de iniciar los trámites de liquidación dependerá del voto de los siete ediles de los cuatro grupos de la oposición --Independiente, CHA, CDL y PSOE--, con los que el equipo de gobierno, sustentado por los seis concejales conservadores, mantiene una tensa relación que llevó a que esta misma semana Aured fuera reprobada en dos ocasiones en una misma sesión plenaria.

Los concejales de la oposición, mientras tanto, esperan a conocer la situación real de la SUM antes de tomar una decisión sobre su liquidación. Hace unos meses solicitaron al equipo de gobierno tener acceso a la contabilidad, las actas de los consejos y otros documentos, petición que les fue denegada alegando que podría vulnerar la normativa sobre protección de datos.

Entre los aspectos que quieren conocer los ediles están las condiciones bajo las que la empresa Aranade asumió la gestión de la SUM. Según las pesquisas desarrolladas por el Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía y por la Agencia Tributaria en el marco de la operación Molinos, se quedaba con un 10% del valor de las fincas que fuera enajenando.

Ese acuerdo conllevó magros ingresos para Aranade, al tiempo que la SUM se convertía, gracias a los enormes desarrollos urbanísticos de La Muela y al vertiginoso crecimiento de su polígono industrial Centrovía, en una máquina de hacer dinero capaz de sufragar un auditorio, una plaza de toros cubierta y varios museos, entre otros edificios cuya propiedad recibía el consistorio en forma de dividendo.

PESQUISAS Sin embargo, las largas pesquisas de la operación Molinos están quitando brillo a la glamourosa gestión del urbanismo muelano cuando Mariví Pinilla era la alcaldesa y Julián de Miguel --ambos imputados en la causa que instruye el juez de La Almunia-- gestionaba las operaciones de la SUM a través de la empresa Aranade.

Dos peritos del Gobierno de Aragón están citados el próximo lunes en La Almunia para exponer los informes en los que concluyen que la SUM enajenó en el 2004 terrenos a un precio notablemente inferior al que en esas fechas marcaba el mercado.