El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer la Ley de Autoridad del Profesorado en la comunidad autónoma, con el apoyo de los grupos que sostienen al Gobierno autonómico, PP y PAR, y el rechazo de los grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, legislación que considera a los docentes como autoridad pública y contempla la presunción de veracidad del profesor.

La diputada del Partido Popular (PP), María José Ferrando, aseguró que "informes objetivos" y "datos de la comunidad educativa", así como sentencias judiciales "avisan de la urgente necesidad de evitar el desorden y falta de respeto en las aulas", con una ley "concisa, directa y responsable". Al respecto, apuntó que "a nivel autonómico, únicamente se pretende complementar la insuficiencia del Código Penal, que solo contempla la violencia de alta intensidad". También indicó que donde está esta ley se han reducido las bajas por depresión.

La diputada del PSOE, Mayte Pérez, estimó "innecesaria, improcedente e inoportuna" la ley", en ella "no se refleja" una apuesta por el "pacto y el diálogo", sino que "generará más problemas de los que resolverá" y es un "sarcasmo y provocación en toda regla" porque se aprueba a la vez que se reduce el presupuesto de educación para 2013 un 14%, con un texto elaborado "al margen de los profesores".

La diputada del PAR, María Herrero, indicó que esta ley "no hace mal a nadie y, en algunos casos, puede dar un paso adelante en positivo", y opinó que "el problema de la disciplina escolar no está en la escuela". El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, argumentó que "no se puede educar con amenazas" y que se propicia un sistema "anticuado", "jerárquico y autoritario".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, sostuvo que esta ley "tiene claras connotaciones fascistas de Estado totalitario" y "atenta contra la calidad democrática de la sociedad". A juicio de Barrena, "los problemas se pueden resolver con los planes de convivencia y no con la porra y el pito".