Gestiones bajo sospecha

La DGA pretende hacer "una revisión sin límites" de las obras de Plaza

El Gobierno de Aragón alega sobreprecios de 26 millones para no liquidar pagarés de 10,9 a la UTE. "No me puedo creer que se haya producido ese exceso de obra no certificada", dice el exgerente

La DGA pretende hacer "una revisión sin límites" de las obras de Plaza

La DGA pretende hacer "una revisión sin límites" de las obras de Plaza

E. BAYONA

Los pagarés traen causa de todas las certificaciones", sostuvo el consejero de Obras Públicas de la DGA, Rafael Fernández de Alarcón, en su declaración como testigo ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza, que celebró ayer la primera sesión del juicio en el que debe resolver la demanda interpuesta por la UTE que urbanizó la plataforma logística, integrada por Acciona y Mariano López Navarro, contra la empresa pública por el impago de cuatro efectos de cobro por 10,9 millones. "Le dijimos a la UTE que revisara la liquidación y después nosotros la miraríamos. La nuestra es una revisión sin límites" que afecta a "la liquidación global" de los trabajos, añadió.

El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, rechazó los planteamientos de la DGA: "No me creo que se haya producido un exceso de obra no certificada por 26 millones de euros", dijo.

La DGA pretende hacer "una revisión sin límites" de las obras de Plaza

La DGA pretende hacer "una revisión sin límites" de las obras de Plaza

Cuatro peritos tratarán hoy de reforzar ante el juez las tesis de cada parte: los de la DGA sostendrán que hubo sobrecostes de casi 100 millones por mediciones incorrectas, duplicidades y trabajos no ejecutados; los de la UTE mantendrán que no fue así.

La anterior dirección de Plaza formalizó en enero del 2011 con la UTE un acuerdo de reconocimiento de deuda para liquidar 32,5 millones: finiquitaría 6,8 en dos pagarés a la fecha de la firma, otros 10,9 en los cuatro efectos que han originado el pleito --la DGA rechazó cubrirlos en enero del 2012-- y los casi 15 restantes mediante la entrega de una finca que la plataforma tiene la obligación de recomprar en enero del 2016 si lo pide la UTE.

EL DEBATE Los letrados del Gobierno de Aragón pusieron en duda que García Becerril tuviera reconocidos poderes para haber firmado el reconocimiento de deuda, a lo que este respondió que sí disponía de él.

Otro de los ejes del debate jurídico se centró en las modificaciones de precios que iban siendo aplicados a las obras. "Siempre ha sido Plaza quien ha puesto los precios", explicó un técnico de la empresa que llevaba la dirección facultativa de la obra. Los proponían "la UTE y la dirección facultativa", indicó el exgerente, que añadió que estos quedaban convalidados cuando el consejo aprobaba las modificaciones del proyecto, en el que eran añadidos trabajos no previstos inicialmente.

La tercera clave del pleito se encuentra en si las certificaciones de obra incluían trabajos sin ejecutar y en si eso es legal. Todos los testigos --ejecutivos de la UTE, miembros de la dirección facultativa, el director técnico y el exgerente-- coincidieron en señalar que ese tipo de documentos son "abonos a cuenta" que en ocasiones incluyen unidades no entregadas que deben ser finalizadas. "Lo que se ha certificado ahí es lo que hay que ejecutar. Lo que no se ha hecho hay que terminarlo, no quitarlo", señaló uno de los técnicos.

Una de las certificaciones incluía seis unidades por valor de 7,3 millones inacabadas o no comenzadas en la fecha de emisión del documento. La mayoría de ellas están hoy terminadas y han sido entregadas.

UNIDADES Estos también explicaron que el nuevo equipo gestor de Plaza sigue aplicando el mismo sistema, ya que la tercera fase ha incluido dos actuaciones valoradas en 90.000 euros que no figuran en el proyecto ni en un posterior modificado. "No me consta", dijo, lacónico, Alarcón sobre esto

Durante la vista también quedó de manifiesto que Plaza dispone de un fondo de 9 millones de euros para la liquidación final de los trabajos de la plataforma, operación para la que dispone de dos años una ver finalice el periodo de garantía.

La defensa de la UTE, por último, consideró un reconocimiento de la deuda la carta en la que el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, propuso hace unos meses a la UTE modificar las fechas de cobro de los pagarés.

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