El Estado garantizaría el 33% de la inversión necesaria en los equipamientos de Zaragoza en el caso de que Madrid fuera la escogida para organizar los Juegos Olímpicos del 2020. El compromiso del Gobierno central con la candidatura se extendería a todas las subsedes elegidas por el comité organizador y, en el caso de la capital aragonesa, supondría rebajar los costes para la ansiada reforma del estadio municipal de La Romareda en unos siete millones de euros.

El pasado 21 de febrero, el Gobierno así se lo aseguró al diputado de La Izquierda de Aragón, el nacionalista Chesús Yuste, a través de una respuesta por escrito a una pregunta suya formulada en enero. En ella se explica que se compromete a "aportar una tercera parte de la financiación para las inversiones en infraestructuras deportivas y de transporte necesarias para garantizar la celebración de los Juegos", aunque posteriormente apostilla que "cabe recordar que la candidatura de Madrid se basa en el aprovechamiento de las infraestructuras existentes".

Además, previamente, el Ejecutivo también asegura que "se prestarán, sin coste alguno para el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (COJO), en el ámbito de sus competencias, los servicios públicos relativos a transporte, seguridad ciudadana, protección civil, tráfico y aduanas e inmigración".

Con respecto a la inversión, llama la atención que el Gobierno municipal en Zaragoza no tuviera en cuenta este dato el pasado viernes, cuando afirmó que no había novedades sobre la financiación de las obras necesarias en la capital aragonesa desde que el pasado mes de noviembre llegara a un acuerdo con Madrid 2020 para poner sus instalaciones a disposición de la candidatura. Más aún después de que se elaborara un documento en el que se cifraban entre 19 y 25 millones de euros los costes necesarios para poner a punto el estadio de La Romareda.

Es posible que desconozcan ese compromiso económico del Estado, aunque su voluntad política es la de aguardar al mes de septiembre para saber si Madrid organiza los Juegos y entonces negociar con el COJO los acuerdos sobre financiación.