El Ministerio de Defensa retomó hace dos semanas la vía administrativa del proceso por el accidente del Yak-42, que hace diez años costó la vida en Turquía a 62 militares que regresaban de la misión de paz en Afganistán. La reclamación patrimonial al Estado la realizaron cinco grupos de familiares a través de otros tantos abogados casi consecutivamente, cuando se cumplía el primer aniversario de la tragedia, a lo largo del 2004. Sin embargo, los expedientes fueron suspendidos hasta que se resolvieran los procesos penales y civiles. Una vez finalizados ambos, el ministerio solicitó el pasado día 11 al Teniente Coronel Instructor que continuara con la vía administrativa.

Los cinco procesos administrativos --impulsados por 54 de las 62 familias-- han sido agrupados en un solo expediente, y serán los afectados quienes decidan ahora si quieren continuar con el proceso de reclamación. Al menos dos de los cinco grupos ya han confirmado que lo harán. Según uno de ellos, es "la última posibilidad de que el ministerio reconozca su culpa".

DESARROLLO El próximo paso será que el instructor informe al Consejo de Estado, que decidirá si acepta o no la responsabilidad patrimonial que se le exige, en un plazo de seis meses. Si no fuera así, las familias aún podrían acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, aunque el proceso se dilataría aún más allá del décimo aniversario.

Esta sería la última vía por agotar tras la civil, en la que el Supremo ratificó en noviembre la indemnización de seis millones de euros a cargo de las empresas que alquilaron el avión. Los procesos penales por la imprudencia y la identificación errónea de cadáveres terminaron en sobreseimiento e indulto, respectivamente.