"Yo soy partidaria de que haya público en la tribuna". Con esta frase se desmarcó ayer la presidenta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi, de la propuesta de su propio partido y su socio de gobierno, el PAR, de blindar los plenos que se prevean conflictivos al prohibir el acceso ciudadano. Fue un desmarque a medias, ya que añadió que "lo que no puede hacer (ese público) es coaccionar a los diputados". "Eso sería conculcar un principio democrático", zanjó.

Rudi realizó estas declaraciones a los medios durante la visita a la Ciudad de la Justicia, ayer. En ellas minimizó el alcance de la polémica enmienda, pese al eco que ha encontrado entre la oposición, que ha llegado a amenazar con rechazar el reglamento si no se modifica. La presidenta aseguró que "los debates en las Cortes --polémicos o no-- son todos públicos", al retransmitirse "por señal de televisión y radio", además de contar con la tribuna para los visitantes. "Que yo recuerde solo se celebran a puerta cerrada los plenos sobre incompatibilidades, como se hace en el Congreso y el Senado", apostilló la presidenta.

Pese a estas señales multimedia, la propuesta del equipo de Gobierno PP-PAR no ha pasado desapercibida entre las presentadas al nuevo reglamento de las Cortes, que actualmente se tramita en el Parlamento aragonés. La posibilidad se limitaría a los plenos en los que se prevea que "puedan producirse" alteraciones, en cuyo caso se tomarían "las medidas necesarias para impedirlas, incluida la prohibición de acceder a la tribuna de público".

El motivo esgrimido, basado en "experiencias recientes", hace referencia a la reciente irrupción de los Bomberos en la sesión de aprobación de la ley que regula el servicio de extinción en Aragón, que obligaron a suspender la sesión. Y también a la invasión de los mineros, hace unos meses, que llegaron a retener a algunos diputados.

CENSURA Pero estos motivos no han convencido a PSOE, CHA ni IU, que han criticado duramente la propuesta y la han calificado de "censura", por el intento de prohibir el acceso ciudadano por muy polémico que se prevea el debate.

La presidenta también se refirió a la posibilidad de que el Gobierno central establezca objetivos de déficit flexibles según las necesidades de las comunidades autónomas, como anunció anteayer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, siempre que Europa lo permita. Para la presidenta, como ya lo defendió el consejero de Hacienda, José Luis Saz, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la pasada semana, en Madrid.

Para Luisa Fernanda Rudi, el balance financiero marcado como meta ha de ser "el mismo para todas", ya que "no puede ser que a las comunidades autónomas que fuimos cumplidoras con los objetivos nos penalicen".