El Servicio Provincial de Transportes de la DGA en Zaragoza ha sido víctima del principio del vencimiento objetivo, una norma según la cual quien pierde paga todo el pleito en la jurisdicción Contencioso Administrativa. Fue impuesta en el 2010 con un claro ánimo disuasorio para el ciudadano, aunque, como en este caso, ofrece la posibilidad de pleitear gratis a quien tiene razón.

Un transportista, defendido por el letrado José Miguel Pascual, recurrió ante el Juzgado Contencioso número 5 de Zaragoza la multa de 45.276 euros por superar en 6.500 kilos el peso máximo autorizado para su vehículo. La DGA basó la sanción en un tiquet de pesaje, que consideró "prueba necesaria y suficiente" para sancionarlo.

Sin embargo, y pese a las reiteradas alegaciones del transportista durante la tramitación del expediente, no quiso ver que el tiquet no coincidía con el que mencionaba la denuncia.

Así, la magistrada concluye que "no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia", lo que le lleva a decretar la anulación de la sanción y a imponer a la administración autonómica el pago de la totalidad de las costas del proceso.