Representantes de las comarcas catalohablantes de Aragón, en la Franja oriental de la comunidad, se reunieron ayer en Mequinenza y acordaron promover cuantas actuaciones sean necesarias ante instancias españolas y europeas para defender la denominación de su lengua y los derechos de sus hablantes. Concretamente el catalán y el aragonés frente a las nuevas denominaciones, lapao y lapapyp.
Así lo acordaron durante el encuentro que mantuvieron para rechazar la nueva ley de lenguas recientemente aprobada por las Cortes de Aragón y que elimina el catalán y el aragonés como lenguas habladas en la comunidad. Participaron alcaldes de todos los partidos, aunque la mayoría eran del PSOE. También hubo presencia del PAR y ninguno del PP. En la reunión, que había sido convocada por la alcaldesa socialista de Mequinenza, Magdalena Godia, se acordó promover "cuantas actuaciones sean necesarias ante la administración de justicia, Tribunal Constitucional y autoridades europeas para defender la denominación de nuestra lengua y los derechos de sus hablantes". Tal y como establece la Constitución Española y la Carta Europea de Lenguas Minoritarias ratificada por el Reino de España en el 2001, se afirma en el comunicado enviado por la alcaldesa.
MOCIONES
Asimismo, en la denominada nueva Declaración de Mequinenza, se comprometen a presentar mociones en todos los ayuntamientos que "impulsen la formación y el prestigio de su lengua, en lugar de convertirla en un elemento de polémica y confrontación".
Y reconociendo a la Universidad de Zaragoza y a las instituciones académicas y científicas la competencia y la autoridad filológica para establecer el nombre de las lenguas propias y las regulaciones y normativas necesarias para garantizar su recuperación, enseñanza y uso habitual en las formas oral y escrita.
Los alcaldes lamentaron el "ridículo universal" que han hecho el Gobierno y las Cortes aragonesas al modificar el nombre de las lenguas propias de Aragón "inventando las referencias lapao y lapapyp para sustituir las lenguas catalana y aragonesa "sin ningún fundamento científico ni académico que avale dicha denominación y con el informe contrario del Consejo Escolar de Aragón".
Por ello, rechazaron "rotundamente" los artículos 2 y 5 de la ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, "absolutamente inútiles porque la identidad de una lengua no se establece por una mayoría parlamentaria coyuntural en el tiempo". Con estas modificaciones, el Gobierno "renuncia" al mandato estatutario de "proteger y recuperar" las lenguas propias de Aragón y "condena definitivamente a muerte" a la lengua aragonesa que aún sobrevive.
Los alcaldes escucharon las aportaciones de la doctora en Filosofía Hispánica por la Universidad de Zaragoza, María Teresa Moret; del doctor en Filosofía y Letras y director del Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza, Javier Giralt Latorre; del sociólogo por la Universidad de Barcelona y miembro de su Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación, Natxo Sorolla; del presidente del Consello d'A Fabla Aragonesa de Huesca, Chusé Ignacio Nabarro; del editor y traductor en aragonés, Chusé Aragüés, y de la licenciada en Filología, Carmen Martínez Urtasun.
