Finalmente, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha dado la razón al Ayuntamiento de Aranda de Moncayo, que podrá ejercer la Acusación Particular en el juicio contra Ricardo G. P. --y presumiblemente contra los otros dos imputados--, por presuntos delitos contra el patrimonio histórico, si finalmente se celebra.
Los juzgados no lo habían permitido hasta el momento, al considerar que las tierras donde habrían ocurrido los hechos no eran de propiedad municipal --las había comprado el imputado--, pero finalmente el consistorio ha logrado probar que, en parte, ocurrieron en terrenos municipales.
Según explicó la alcaldesa, Rosario Cabrera, en este asunto quieren "llegar hasta el final. Todos los que se han enriquecido con este tema, y han destruido nuestra historia, tienen que pagar por ello", aseguró la regidora municipal, a la que la operación hecha pública por la Guardia Civil sorprendió en plenas fiestas patronales.
Los expolios en la zona no eran en realidad desconocidos, según los vecinos, pero nadie se interesaba por los restos, ni estaba muy al tanto de la legislación que castigaba estos hechos, ni siquiera cuando esta se endureció. El yacimiento sigue sin estar cerrado ni bien señalizado.
El primer arrestado aseguró que parte de las piezas las recogió hace más de 15 años, y el resto las fue adquiriendo de anticuarios. Este diario intentó ayer ponerse en contacto con el último imputado, para conocer su explicación sobre la acumulación de estas piezas , sin éxito.
En Alagón, según explicó el alcalde, José María Becerril, los vecinos estaban al tanto de la afición de Mariano O. M. por la arqueología, pero no imaginaban que estuviera cometiendo ningún delito. "Tanto él como su mujer se implican mucho en las actividades culturales del pueblo y son muy agradables", aseguró.
Con el avance de la investigación la Guardia Civil trata de reunir pruebas de que fueron los tres implicados quienes traficaron con las piezas celtíberas, subastadas a lo largo de los años en Alemania e Inglaterra por hasta 70.000 euros la unidad.
La asociación de defensa del patrimonio Apudepa pidió una comisión de investigación en las Cortes de Aragón.
