El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza dejó ayer en libertad, con cargos pero sin fianza ni la obligación de comparecer periódicamente, al funcionario de la Oficina de Extranjería y a los tres ciudadanos de origen marroquí detenidos el martes por la Guardia Civil como presuntos responsables de los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Sí dictó una orden de alejamiento que prohibe al empleado público --J. P. A.-- acercarse a menos de 200 metros de su puesto de trabajo en la calle Obispo Covarrubias.
Los cuatro abandonaron el juzgado de guardia pasadas las diez y media de la noche.
La declaración de J. P. A., jefe de servicio en la Oficina de Extranjería que se encargaba principalmente de tramitar permisos de residencia y trabajo de larga duración y las autorizaciones especiales para la segunda renovación de los papeles, fue la más extensa.
Atendido por Constanza Dufol, se extendió durante casi dos horas y media en las que negó haber recibido sobornos en forma de dinero ni favores de otro tipo a cambio de agilizar la tramitación de determinados expedientes o de asegurar que estos recibieran el visto bueno final.
Los tres marroquíes, todos los cuales llevan más de dos décadas residiendo en España y dos de los cuales han obtenido la nacionalidad, también negaron haber pagado, ni en dinero ni en especie, al empleado público. Fueron defendidos por Ana Herrando, Celia Gil Lagunas y Mariano Montaner.
La Brigada de Información de la Guardia Civil dispone de intervenciones telefónicas que sugieren la existencia de tratos sospechosos y de fotografías que documentan encuentros entre los detenidos. También tienen indicios de que el funcionario viajaba con relativa frecuencia a Marruecos acompañado por alguno de los otros arrestados.
Sin embargo, la Fiscalía no consideró que esos datos tuvieran entidad suficiente como para solicitar la adopción de medidas cautelares contra ninguno de ellos. De hecho, ni siquiera solicitó la celebración de la vistilla en la que se realiza ese trámite.
Algunos marroquíes sí admitieron que se interesaban por el estado de tramitación de expedientes que afectaban a familiares suyos, aunque ni siquiera sabían si J. P. A. tenía mano para influir en su resolución.
La Guardia Civil no halló cantidades reseñables de dinero en efectivo en los registros de los domicilios de los detenidos.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno anunció ayer la apertura de un expediente disciplinario a J. P. A. --quedará en suspenso mientras el juez tramita la causa penal-- y la aplicación de una suspensión provisional de funciones de seis meses. La Abogacía del Estado se personará hoy como acusación.
