Los profesionales de salud mental están divididos acerca de la centralización de las unidades de salud mental programada por el Salud y que, si no hay paso atrás, se hará efectiva antes de final de año. A pesar de que los psiquiatras del sector II, encabezados por la jefa de servicio, han mostrado su respaldo a la medida a través de una carta enviada a la Administración e incluso, han admitido que la centralización fue idea suya, asociaciones y sociedades científicas integradas por profesionales de la salud mental han reiterado su "absoluta y unánime oposición" a la iniciativa, al considerar que será perjudicial para los pacientes.

En la comunicación procedente del sector II --firmada por 19 de los 22 psiquiatras-- se defiende una mejora en el modelo, que centralizará el servicio en Valdespartera y Sagasta y suprimirá las unidadades de Rebolería, Las Fuentes, San José, Torrero y Casablanca

Pero no hay consenso entre los profesionales de la especialidad. Ni mucho menos. De hecho, la Sociedad Aragonesa de Salud Mental, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, la Sociedad Aragonesa-Riojana de Psiquiatría, la Sociedad Médica Aragonesa de Conductas Adictivas, la Asociación de Enfermeras Especialistas de salud mental, la Asociación Aragonesa de Rehabilitación Psicosocial y la Sociedad Aragonesa de Psicología Clínica han reiterado su rechazo a una medida que, en su opinión, "supone una potencial amenaza y un retroceso en el desarrollo del modelo comunitario de atención a la salud mental en Aragón".

Los colectivos, que aseguran integrar a "más del 80% de los profesionales de la especialidad" recordaron que "la mayoría de los equipos de salud mental se localizan físicamente en los centros de salud de Atención Primaria, lo que facilita la coordinación y cooperación y el acercamiento a la comunidad" y advirtieron de que la peor accesibilidad podría provocar "más dificultades en la adherencia al tratamiento"

Sanidad, por su parte, esgrime que "el anterior Gobierno unificó los sectores I y III y nadie se quejó" y considera "injustas" las críticas "para atacar al Gobierno cuando la decisión procede de los propios profesionales". Además, asegura que la medida supondrá "0 euros" de ahorro.