Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, aseguró ayer que ve "razonable apartar de la política a quien esté sujeto a una imputación judicial", en referencia a la proposición de ley que presentó el jueves CHA en las Cortes de Aragón, en la que pedía la suspensión en el cargo a los políticos corruptos.

Zaragoza realizó esta declaración en la capital aragonesa, poco antes del comienzo del XVII Congreso Nacional de Hispajuris, la primera red de despachos de abogados de España. El máximo responsable de los fiscales de la Audiencia Nacional abogó por una justicia "rápida, ágil y que no se eternice", pues "una justicia que llega tarde no es una verdadera justicia".

En la misma línea se pronunció Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza, y el zaragozano Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española. "Lo que está claro es que se necesitan medidas cautelares que impidan la continuidad delictiva de los presuntos autores de hechos delictivos", subrayó Dolado, que puso como ejemplo el caso Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, "a quien hoy se le piden 11 años de cárcel por un listado de delitos, cuando hubiera sido mucho mejor que se le hubiera suspendido de cargo público".

Dolado consideró "injustificado" las Cortes aragonesas rechazaran el pasado jueves la propuesta de Chunta Aragonesista sobre el apartamiento de los políticos corruptos, máxime teniendo en cuenta que ayer mismo el ministro de Justicia, Alberto Gallardón, presentó un anteproyecto que mantiene que cuando se haya presentado formalmente el escrito de acusación del ministerio fiscal pueda acordarse la suspensión provisional de cargo publico.

"Mientras los políticos" incursos en causas por corrupción "no dimitan", la clase política "no recuperará esa confianza que ha perdido y que se llama desafección del ciudadano", subrayó Carlos Carnicer. "No recuperará la confianza hasta que no veamos un acto individual suyo de apartar a los corruptos", insistió.

Por su parte, Fenando Escura, presidente de Hispajuris, habló del "bochornoso" espectáculo de los parlamentos con políticos corruptos sentados en sus bancos, pero dijo que había que buscar "un equilibrio" entre la neutralización de los diputados inmersos en causas penales y el derecho a la defensa.