El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, levantó ayer el secreto de las actuaciones que dos meses antes había ordenado el juez Rafael Lasala, que fue quien autorizó los registros que siguieron a la redada del 14 de agosto en la que fueron detenidos los cinco actuales imputados en la causa. La investigación, no obstante, se encuentra en su fase inicial, pendiente de que los miembros de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) del Cuerpo Nacional de Policía analicen las decenas de miles de documentos y el contenido de los cinco ordenadores intervenidos en las casas de los encartados y en las sedes de las empresas para las que trabajan.
