Los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza generan documentación a diario. Y la llevan generando desde la Edad Media. En su interior --los que tienen la suerte de no haberla perdido o que haya sido destruida-- se conserva una buena parte de la historia de Aragón y la muestra documental de su actividad actual. Para organizar y salvaguardar todo este patrimonio, tanto técnico como histórico, la Diputación Provincial de Zaragoza desarrolla un programa de asistencia municipal que incluye los trabajos de organización y descripción de la documentación, la adecuación de los depósitos mediante la inclusión en el plan provincial de Equipamientos e Inversiones en Archivos de la provincia, que es anual, y la difusión de la información a través de la página en internet de la institución, así como a través de las publicaciones monográficas, de las exposiciones que se realizan para semanas culturales y las visitas guiadas a los archivos.

Según indica la jefa del Servicio de Archivos y Bibliotecas, Blanca Ferrer Plou, la intervención no se centra en la recuperación de los fondos históricos, sino que tratan a toda la documentación por igual, lo que no impide que en estas campañas hayan recuperado piezas de indudable valor. "Se aplican los criterios pertinentes en cada caso para garantizar la mejor conservación y descripción de los documentos, de acuerdo con sus necesidades y características, independientemente de su antigüedad", reconoce.

Interés administrativo

Por este motivo, destaca que hacer una separación conceptual entre documentación histórica (identificada con la más antigua y útil solo para la investigación), y documentación actual (a la que generalmente se juzga de interés exclusivo para la administración), "no siempre es acertado en instituciones como nuestros ayuntamientos, que son entidades cuyo origen se remonta en muchos casos a la Edad Media, y en sus archivos podemos encontrar documentos medievales y modernos que hoy siguen teniendo valor jurídico (deslindes de términos municipales, derechos de aprovechamientos de montes, turnos de riegos, entre otros), y documentos actuales que además de su interés jurídico-administrativo también lo pueden tener para la investigación científica en campos como la economía, la sociología o el arte. En estos casos suelen necesitar los censos de población, los expedientes urbanísticos o los presupuestos, por poner varios ejemplos.

Una de las partes más llamativas del programa es la digitalización de documentos, aunque no se aplica a los fondos completos. Los ayuntamientos realizan este proceso para garantizar mejor su conservación y facilitar su consulta a los usuarios. Por citar algunos ejemplos, Sádaba, con los libros de actas de los siglos XVII a XIX; Borja con algunos pergaminos y un libro del Justicia de la localidad; Villanueva de Gállego, con documentación del siglo XIX y anterior; y así un listado que empieza a ser ya bastante largo, indica Ferrer.

En este punto, la jefa del servicio destaca la riqueza documental encontrada en la provincia. "Pese a los diferentes avatares, el patrimonio documental de nuestros ayuntamientos, que se aún se conserva, sigue siendo muy importante y la memoria colectiva de los aragoneses tiene en sus archivos municipales un magnífico referente", reconoce. Así, en los distintos municipios se encuentran numerosos privilegios, concordias, ordinaciones, cartas de población y otros legajos de gran interés, entre los que destaca la documentación seriada, "que permite un seguimiento a lo largo del tiempo de los problemas con los que se enfrentaban nuestros conciudadanos de antaño y las soluciones que dieron". Series como los libros de actas de los concejos y otros órganos administrativos, la correspondencia, la contabilidad, los padrones y los censos de habitantes, los expedientes de quintas, de elecciones, de educación, de urbanismo o de festejos, a los que se puede sumar un larguísimo etcétera. "Estos datos muestran cómo eran nuestros municipios y sus habitantes, y también, en ocasiones, cómo hubieran querido que fueran, con documentos que muestran proyectos de desarrollo e inversión que no se llegaron a realizar", indica Ferrer.

Acceso a los fondos

La consulta de todos estos fondos se rige por las mismas normas legales que afectan a todos los servicios archivísticos, es decir, es libre para todos los ciudadanos, con las salvedades que establece la ley para garantizar derechos como el de la intimidad de las personas y otras cautelas similares. "Los usuarios de esta documentación son los mismos que antes hacían sus consultas sobre soportes tradicionales, es decir, fundamentalmente la propia administración para su gestión, y los ciudadanos para sus investigaciones", precisa la jefa del servicio.

Y la gestión de estos fondos nunca termina. Es necesario, además de recuperar piezas históricas, dotar a los archivos del suficientes músculo para que sean útiles en la gestión del día a día. "No tendría sentido que por estar organizada se pudiera acceder a documentación de hace cien años, y que por no estarlo no se pudiera encontrar un expediente de hace tres que tenga interés económico para el municipio o para el ciudadano", reconoce Ferrer. Una tarea que no se detiene y que dará frutos en el futuro, cuando los investigadores se interesen por nuestra forma actual de ver el mundo.