Las Fuerzas de Seguridad aragonesas han recibido 19 coches desde que estos comenzaron a ser adjudicados a las mismas tras la creación del fondo, en este caso 1997. De ellos, diez han correspondido al Cuerpo Nacional de Policía, ocho a la Guardia Civil --aunque los seis últimos, desde abril del año pasado, han correspondido al instituto armado-- y uno a la Policía Local de Teruel, aunque este no fue definitivamente adjudicado al cuerpo por orden judicial.

En este caso, el balance de vehículos decomisados resulta claramente desfavorable para las fuerzas de seguridad. Solo el año pasado ya se incautaron de 15 vehículos en las operaciones contra el narcotráfico. Pero tiene una lógica explicación. En primer lugar, que parte de ellos se subastan para ir a formar parte de la parte económica del fondo. En segundo, que un gran porcentaje se deshecha. Por ejemplo, el año pasado, a nivel nacional, se repartieron 182 vehículos a las Fuerzas de Seguridad (cinco para Aragón), y 531 eran directamente abandonados.

Las razones de estos abandonos varían, aunque en su mayoría es por su poco valor, que hace que los dejen languidecer en los depósitos. Cuando se creó el fondo, muchos de ellos directamente se degradaban en los mismos antes de que llegara la sentencia sobre su futuro. El problema fue detectado y señalado en varios informes, y los trámites son más rápidos.

Actualmente, según explicaron fuentes policiales, el problema es otro. Con la crisis, los vehículos no subastados ni abandonados han de ser además lo bastante nuevos para no suponer un gasto de mantenimiento o gasolina que las arcas de la Policía o la Guardia Civil no puedan afrontar. Los vehículos que entran en este perfil, eso sí, les resultan muy útiles en tareas de vigilancia al actuar de paisano.