Los investigadores del Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía y el administrador concursal de Agrovalle, Ángel Navarro, coincidieron ayer, en la tercera jornada del juicio del caso Mallén que celebra la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza, en señalar que parte de las ayudas públicas que recibió la empresa fueron desviadas.

"No", respondió rotundamente Navarro al ser preguntado sobre si esas ayudas públicas --1,6 millones-- fueron íntegramente destinadas al fin para el que las concedió la DGA, que era la construcción de la fábrica.

"Había 2,5 millones de inversiones no pagadas", explicó el administrador, que anotó que parte de esa cantidad --medio millón-- correspondía al constructor de la nave. Esa cifra fue convertida en un préstamo participativo, fórmula que en caso de impago da derecho al acreedor a capitalizarlo en acciones de la empresa morosa. "Es lo mismo que las preferentes pero con un crédito", añadió.

Navarro explicó que Agrovalle entró en insolvencia con "un desbalance de tres millones" frente a unos activos valorados en nueve. Cinco bancos y cajas, que concedieron hipotecas por 2,8 millones, "no cobraron nada", indicó. Solo una entidad recobró 600.000 euros avalados por la empresa pública Sodiar. El resto, "solo se recuperaron vendiendo una parcela" rústica del polígono El Zafranar.

BLANQUEO Los inspectores del Grupo de Blanqueo que llevaron el peso de las investigaciones indicaron que, tras estudiar el recorrido bancario de las ayudas de la DGA, concluyeron que 200.000 euros "no se dedicaron al pago de la construcción", sino que fueron destinados a pagar sueldos y honorarios "muy por encima de lo normal".

Navarro destacó el elevado número de directivos de Agrovalle: 30 en una plantilla de 105 empleados. Trece de los primeros cobraron 1,1 millones en salarios en el 2007, antes de que la empresa iniciara su producción. Ese año, sus promotores, José Luis Pérez Lízar y Herbert Kölling, ingresaron, respectivamente, 79.400 y 129.942 euros, a los que se sumó un variable de 47.000 que recibieron en el 2008.

Parte de la intervención de los policías se centró en el supuesto manejo de dinero de procedencia desconocida por parte del alcalde de Mallén, Antonio Asín, en el 2006 y el 2007. El uso de sus cuentas en esos ejercicios, dijeron, "sufre un auténtico desplome". Tras una investigación, llegaron a la conclusión de que movió "en torno a los 16.000 euros por año" de origen indeterminado. Eso, añadieron, "nos llevó a pensar que, o bien se apretó el cinturón por motivos que desconocemos, o tuvo un aporte extraordinario de dinero" que en sus informes vinculan con el presunto cobro de mordidas por sus gestiones.

Asín les dio dos explicaciones: "Nos dijo que su mujer era buena administradora y ahorradora" y que, esos dos años, tuvieron en casa a su suegra, que les entregaba los 500 euros de su pensión mensual. Descartaron el segundo factor, dijeron, ya que la anciana solo residió con la familia del alcalde "unos meses" y el ritmo de extracción de dinero de su libreta en esa temporada "es constante", como en los años anteriores y posteriores.

INGRESOS Los policías, que también investigaron el ingreso de 10.000 euros en metálico que Asín efectuó en esa época en una cuenta del PSOE en el Banco de Santander --su defensa sostiene que fueron para pagar unas obras en la Casa del Pueblo--, admitieron, no obstante, que no certificaron ingresos injustificados del alcalde de Mallén ni un incremento de su patrimonio.

Los investigadores también reconocieron que no tuvieron en cuenta en sus cálculos la devolución del crédito de 15.000 euros que Asín, según su defensa, contrató para pagar las obras que realizó en su casa en el 2005.

No obstante, los policías del Grupo de Blanqueo añadieron que, de todas formas, "en la opción más favorable para Asín", dando por buena la versión de la aportación de la suegra, "todavía habría una diferencia de 8.000 euros". De las cuentas de la mujer salieron un total de 4.564 euros en el 2006 y otros 4.063 en el 2007.