Muchas eran las esperanzas que se habían puesto en la reunión de ayer en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). La proximidad del juicio colectivo --el próximo martes-- y el optimismo del ayuntamiento en los días previos hacían creer en un giro al conflicto del autobús, que seguirá con la huelga indefinida y los paros de cuatro horas en el servicio. Una medida que sufre al usuario pero que también tiene un beneficio para el consistorio, que ayer reconoció que en el primer mes se ha ahorrado "750.000 euros" solo de los kilómetros que la concesionaria no ha realizado.

Así que el resultado fue el de siempre, un no rotundo al acuerdo, y la lectura, también, que la empresa debe reconsiderar la recolocación o habrá que esperar a que la Justicia ponga a cada uno en su sitio. Patada hacia adelante y a esperar al día 29. De hecho, lo más llamativo de la reunión de ayer en el SAMA fue que ni la dirección ni el comité de empresa hablaron de la recolocación de los despedidos. Centraron sus horas de conversación entre sus múltiples recesos --por la mañana y por la tarde-- en la congelación salarial y el polémico laudo que dejó descontentos a unos y a otros este mes.

La razón de por qué la empresa y el comité no llegaron a un acuerdo es ambigua. Ambos dicen que fue la otra parte implicada la que se negó a hablar de la recolocación. "La empresa no quiere hablar de los despidos", dijo el presidente del comité, Javier Anadón, mientras la dirección aseguró que había acudido "a discutir sobre temas salariales, no de despidos". Mismo argumento, distinto culpable.

En teoría en el encuentro de ayer se iba a tratar la oferta que el comité presentó por escrito a la concesionaria --la misma que la del consistorio--. La práctica indicó lo contrario porque el único tema que hubo sobre la mesa fue el laudo que finalmente sí aceptan los trabajadores.

AL JUICIO La interpretación del laudo varía según quien la explica. La dirección indica que la congelación salarial tiene que aplicarse desde 2013 y atendiendo a las tablas salariales del 2012. El comité dice que esto es "imposible porque este documento no tiene efecto retroactivo". Dos versiones distintas que impidieron pasar al punto que interesa a los afectados por el despido colectivo acreditado por la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. La próxima vez que concesionaria y sindicatos se vean las caras será en el Juzgado de lo Social donde ambos tendrán que acatar la sentencia.

De hecho, a esta baza se acogió ayer el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, quien ayer además aseguró que a la nueva contrata se le ha devuelto la primera certificación que ha presentado por problemas "técnicos", para evitar suspicacias, y que "no se le debe nada".