El grupo de IU en las Cortes de Aragón ha denunciado hoy que el Ejecutivo aragonés no ha desarrollado la ley de la muerte digna, que entró en vigor hace más de dos años, y ha informado de que ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias en relación con dicha norma.

En un comunicado, IU muestra su preocupación por el cumplimiento de la Ley 10/ 2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte, conocida como ley de muerte digna.

Una preocupación que la formación de izquierdas funda en la ausencia de un estudio sobre la forma en la que la ciudadanía aragonesa afronta y vive el proceso de su muerte y cuya elaboración esta considerada por la propia ley como "necesaria" e incluso establece el plazo de un año para su redacción.

"Entre sus múltiples objetivos, esta ley recogía la necesidad de elaborar este estudio en el plazo de un año", recuerda la portavoz de Sanidad de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, para asegurar que este informe se debería actualizar de forma periódica "con el fin de permitir evaluar con regularidad la aplicación y efectos de la presente ley".

Sin embargo, "transcurrido ampliamente dicho plazo, no se ha presentado ningún estudio que nos permita valorar ni evaluar el grado de aplicación de la ley, los efectos que está teniendo en la ciudadanía aragonesa y, mucho menos, se ha elaborado nada que haga referencia a cómo afronta y vive la ciudadanía aragonesa el proceso de su muerte", advierte la portavoz parlamentaria de IU.

La ausencia de este estudio ha motivado la proposición no de Ley que la formación ha registrado en las Cortes en la que exige al Gobierno de Aragón que presente en el plazo máximo de tres meses un estudio relativo a la forma en la que ciudadanía aragonesa afronta y vive el proceso de su muerte.

Además, Luquin ha solicitado que el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, explique ante el Pleno del Parlamento aragonés qué tipo de mecanismos ha puesto en funcionamiento su departamento para garantizar la máxima difusión de esta norma entre los profesionales y la ciudadanía en general, tal y como recoge la ley.