Borja Giménez Larraz, hijo del presidente del PP aragonés Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA en Zaragoza el 6 de mayo de 2001 en presencia del joven --entonces de 16 años--, considera que, aunque no le gusta la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha tumbado la doctrina Parot, el Estado de derecho ha sido el que ha acabado con la banda terrorista.

Giménez Larraz, que leyó un manifiesto en la concentración que el domingo convocó Nuevas Generaciones en el paseo Constitución, quiso "dejar claro que las consecuencias de la excarcelación de miembros de ETA resulta cuando menos nauseabundo para una gran parte de las víctimas del terrorismo", aunque matizó que su visión personal no es la misma que la de todas las víctimas, "ni mucho menos". "Hay que ser conscientes --señaló-- de que lo que ha terminado con ETA ha sido precisamente el respeto escrupuloso que ha tenido siempre la sociedad española por el Estado de derecho y, en ese sentido, no queda otra que seguir firmes en esa línea".

Su hermano, Manuel, sostiene en su blog que el contenido de la sentencia del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, aunque resulta "insufrible para quienes no ven satisfecha su imperiosa necesidad de justicia", no es "descabellado ni imprevisible desde el punto de vista jurídico". "Estrasburgo no nos ha dicho que no condenemos a los terroristas con las penas que consideramos oportunas, sino que lo hagamos respetando los procesos de un Estado de derecho".

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Eso, añade, "nos pone nuevamente frente a la ineptitud política de quienes tenían que haber reaccionado en el momento preciso y por las vías a que venían exigidos".

Manuel Giménez Larraz se muestra partidario de cumplir la sentencia de Estrasburgo. No "porque sienta la más mínima compasión por esas alimañas", sino porque "este debe ser un hito más en la constante lucha deslegitimadora del terrorismo".

"Hemos deslegitimado a ETA, en España y fuera de ella, la hemos asfixiado socialmente, la hemos aislado internacionalmente", anota, gracias a la "firmeza de convicciones" y al "respeto a nuestros principios constitucionales".