La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha avalado por segunda vez la validez de las intervenciones telefónicas del caso Becerril, lo que, al mismo tiempo, supone un nuevo respaldo legal para los pinchazos de la operación Molinos, de cuyas diligencias fueron desgajadas tras levantar el secreto de las actuaciones el juez de La Almunia.
El magistrado que presidirá el juicio con jurado del caso Becerril, Alfonso Ballestín, hizo público ayer un auto por el que desestima la petición de nulidad de las grabaciones del Grupo de Blanqueo de la Policía que planteó la abogada del exconcejal zaragozano, la penalista Cristina Ruiz-Galbe, a la que se sumaron los letrados de Carmelo Aured y Juan Carlos Tejero, Valentín Romero y Miguel Ángel Clemente, y a la que se opuso la Fiscalía.
El magistrado considera que las escuchas cumplieron todos los requisitos de legalidad y de control judicial que requiere la normativa.
VISTA ORAL El caso Becerril será juzgado en unos meses, una vez que el magistrado resuelva las peticiones que defensas y ministerio público planteen en la audiencia previa y terminen los trámites de selección de los 25 ciudadanos de los que saldrán los nueve miembros del jurado y sus dos suplentes.
El auto emitido ayer supone, aunque de manera indirecta, un aval a la legalidad de las intervenciones del caso La Muela, que las defensas de los 44 imputados únicamente han planteado en una ocasión ante el juez de La Almunia. Este también las avaló. Lo hizo en una resolución que no llegó a ser impugnada ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Este último tribunal, no obstante, deberá pronunciarse sobre esa cuestión en el juicio del caso la Muela, en cuyas cuestiones previas será planteada de nuevo por las defensas.
