La Fiscalía Provincial de Teruel ha archivado las diligencias penales que abrió tras una denuncia contra el consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, por prevaricación y malversación de caudales públicos en el reparto de las subvenciones del Fondo de Inversión de Teruel (FITE). El fiscal jefe admite en el recurso que faltan los requisitos legales para poder imputar al consejero, pero se muestra muy crítico con la falta de regulación y la arbitrariedad legal en la concesión. "Lo que es criticable es que no haya convocatoria reglada, bases, requisitos que impidan esa discrecionalidad", refleja.

En un párrafo sin desperdicio, el jefe del ministerio público en Teruel expone además que en el reparto de fondos "se observa la existencia de un favorecimiento a determinados municipios regidos por partidos mayoritarios en detrimento de otros, gobernados por partidos minoritarios". Una "pugna" en la que "los que salen perjudicados son los ciudadanos", con lo que "puede quebrarse el principio de igualdad comprendido en el artículo 14" de la Constitución Española.

Por último, el fiscal también indica que "la concesión directa y discrecional colisiona" con el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio del año pasado.

Pese a todas estas críticas, en términos estrictamente legales el fiscal no puede actuar en el caso, ya que no aprecia vulneración de las leyes. En el caso del delito de prevaricación (que comete el funcionario público que dicta resoluciones injustas a sabiendas), requiere que las decisiones vulneren alguna ley. Como la Ley General de Subvenciones prevé la posibilidad de una concesión directa y discrecional, y "no regula de forma detallada cómo se debe de producir" --indica la Fiscalía--, no hay tal vulneración.

En cuanto a la denuncia por malversación de caudales públicos, el fiscal no ve indicios en la documentación de que ninguno de los miembros de la comisión o subcomisión que reparte los fondos, ni tampoco el consejero Bono, se hayan apropiado de dinero con ánimo de lucro o para destinarlo a un fin ajeno a la función pública.

DENUNCIA Pese al archivo, el denunciante que dio origen a las diligencias penales, Joaquín Moreno --presidente de Compromiso con Aragón-- mostró ayer su satisfacción porque el informe, "aunque no resuelve nada", "ratifica" su tesis de que los partidos mayoritarios "están haciendo un mal uso del dinero público".

Para Moreno, "este informe es un toque de atención a los partidos que gobiernan, tanto PP y PSOE como el PAR, que se reúnen en una mesa camilla para repartirse el dinero público, reparto sin normas ni reglamento", destacó el líder del partido turolense.