Un año de tasas judiciales

Ahora se cumple el aniversario de la implantación de un nuevo impuesto para los ciudadanos: las tasas judiciales. Nadie ha estado conforme, logrando el ministro de Justicia que prácticamente todos los sectores de este ámbito se unieran en una sola voz en contra de este gravamen.Insólito.

La ley que aprobó las tasas judiciales ha sido objeto de varios recursos y cuestiones de insconstitucionalidad estando pendiente el Tribunal Constitucional de emitir su sentencia. Pero más allá de lo que pueda determinar, parece evidente que la imposición de un nuevo coste para los ciudadanos, en un servicio tan esencial como la Justicia, es una vulneración del derecho a la defensa.

Según los datos recopilados por los juzgados españoles, el número de procesos judiciales ha descendido de forma ostensible. Solucionar los problemas de la Justicia introduciendo trabas para ejercer el derecho de defensa es como solventar las listas de espera de la sanidad cobrando a cada paciente por ser intervenido quirúrgicamente. Quien tenga dinero, se curará; quien no lo tenga-

Del abanico de derechos fundamentales que contempla nuestra Constitución uno de los más importantes es el que avala la posibilidad de que los ciudadanos diriman sus contiendas de forma civilizada ante los tribunales. Si no se garantiza este derecho ni se facilita su ejercicio de forma razonable sería imposible la vida en sociedad. Constituye un pilar de la convivencia.

Las chapuzas que se vienen haciendo en el ámbito de la Justicia no son nuevas. Ningún Gobierno se ha preocupado realmente por ella. Pero una cosa es dejarla abandonada y otra muy distinta es socavarla. Además, las pretensiones que se alegaron cuando se aprobó esta ley se han frustrado: ahora la Justicia no funciona mejor que hace un año; la recaudación obtenida ha sido muy inferior a lo previsto y, por ello, no se ha podido sufragar la justicia gratuita. Todo un ejemplo de desaciertos.

Y mientras el Tribunal Constitucional sigue una lenta tramitación de los recursos, el ministro de Justicia sigue impasible ante este desafuero. Una muestra más de desinterés y de desprecio a las voces sociales y profesionales que se alzaron contra esta injusta medida.