Marius Wejman aceptó ayer una condena de cuatro años y nueve meses por haber maltratado a su novia, Agnieszka Skowyra, golpeándola mientras estaba en una silla de ruedas en al menos dos ocasiones. Una de estas agresiones, en la que le tiró un zapato y le golpeó el estómago, le produjo una hemorragia interna que obligó a ingresarla en la UCI del Miguel Servet. Y allí murió, tres años después.

Sin embargo, no fue un asesinato. Según acreditaron los forenses, que declararon ayer ante el jurado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, existe una "relación causal de la contusión inicial y la hemorragia del páncreas con las complicaciones posteriores" en el estado de la joven polaca, indigente como su novio. Sin embargo, su estado de salud "contribuyó en gran medida" a su muerte.

La mujer, como su pareja, era portadora del VIH, e ingresó con un severo cuadro de hipotermia como consecuencia de haber estado a la intemperie con poca ropa.

Por ello, los forenses concluyeron que una mujer de su edad, en otras circunstancias, no habría muerto como consecuencia de la hemorragia interna una vez operada. Y por tanto, "no era previsible que el golpe causase la muerte".

Ante esta afirmación, la fiscala hubo de cambiar la calificación de los hechos de asesinato --por el que inicialmente pedía 18 años de prisión, más los nueve meses del maltrato-- a un delito de lesiones graves en concurso ideal con uno de homicidio por imprudencia grave.

Por ello pidió cinco años y nueve meses, que tras una breve conversación con el letrado de Wejman, Javier Osés, se vieron reducidos en uno a cambio del reconocimiento de la culpabilidad, que no sucedió anteayer, en la primera jornada del juicio. Entonces dijo que le daba "asco" la gente que mataba a sus parejas. No se le pudo rebajar más por trastornos psiquiátricos, al asegurar los forenses que no los padecía, pese a su alcoholismo. Al homicida confeso le quedan algo más de tres por delante, ya que lleva desde diciembre del 2012 en el penal de Zuera.

Como explicó el magistrado presidente al jurado, su intervención dejó de ser necesaria en el momento del pacto. Por su parte, el Gobierno de Aragón sigue reclamando al indigente más de 141.000 euros por los cuidados de su víctima.