Fapar y el grupo contra los conciertos educativos --integrado por los sindicatos CGT y STEA y las organizaciones IU, CHA y MHUEL-- han denunciado que, mientras la Administración reduce las unidades en la escuela pública, en la concertada "no solo se mantienen sino que se amplían". Es el caso, según estos colectivos, del colegio Jesús María El Salvador, que este año tenía cuatro grupos en 5° de Primaria "pero se ofertan cinco para 6° del año que viene", sostienen. En este sentido, advierten de que "las consecuencias de dicho proceder son obvias. En primer lugar, conduce a la saturación de las aulas en los centros públicos a la vez que se mantienen holguras en los privados concertados. En segundo lugar, se restringe la libertad de elección de los padres que desean una plaza pública para sus hijos, ya que no pueden manifestar su preferencia por unas plazas que la Administración ha eliminado antes de que puedan decidir. Además, se condiciona e influye a las familias en sus decisiones posteriores y se promueve la inseguridad en las plantillas de profesorado de los centros públicos". Los colectivos añaden que "esta práctica, repetida año tras año, tiene como objetivo reducir el espacio de la red de centros públicos a la vez que abre y extiende el negocio de los centros privados".