Francisco Bono, Alfredo Boné y Alfonso Vicente valoran pedir la nulidad del auto de imputación del juez Alfonso Tello. Consideran que no le corresponde a él tomar esta decisión, sino al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Su condición de aforados --Bono es consejero de Economía y Boné y Vicente diputados en las Cortes-- exige que solo el TSJA pueda imputar y no el titular de ningún juzgado. Previsiblemente, los tres van a decidir actuar de forma conjunta y coordinada.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estudiaron durante todo el día de ayer el auto y las posibilidades que tienen los imputados. Desde el entorno del consejero de Economía se optó por no valorar la situación en la que queda el titular del departamento, aunque fuentes del Ejecutivo sí señalaron que el juez Alfonso Tello debería de haber remitido el texto al TSJA para que este órgano tomase la decisión. "Entendemos que no se puede separar en dos piezas, entre los aforados y los que no", explicaron desde Presidencia. En todo caso, recordaron que Bono no representaba a la DGA en el consejo de administración, sino a Ibercaja, y que por lo tanto será la entidad la que se encargue de defenderlo.

PAR Y PSOE No fueron muy distintas las reacciones desde el entorno de Alfredo Boné (PAR). En el momento en que se alude a aforados, explicaron, el juez ha de inhibirse de todo: ni siquiera puede imputar a unos y "derivar" a otros. Ni hacerles "optar" a los aforados. Todos --aforados y no-- han de pasar al TSJA, aseguraron, ya que la causa no es divisible. Y deben pasar sin imputación alguna. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón es al que le corresponde decidir si inicia diligencias o las archiva.

Fuentes cercanas a los tres integrantes del consejo de administración que son aforados se mostraron convencidos ayer de que no se les puede imputar al consejo un delito de prevaricación. Aseguraron que se tomaron las decisiones en el seno del consejo basándose en la confianza que les otorgaban los distintos informes y análisis que percibían de los técnicos y los responsables de la plataforma. Este argumento ha sido un común denominador en las respuestas que todos los integrantes de los consejos de administración han dado, tanto en sede judicial cuando han declarado como testigos como en las comparecencias de la comisión de investigación abierta en las Cortes.

El portavoz del PSOE, Javier Sada, mostró el "máximo respeto de los socialistas a las decisiones de la Justicia" pero reclamó que sea lo más ágil posible, al tiempo que consideró que es una imputación "muy genérica y plural, a todo un consejo de administración". También consideró que independientemente de esto, cobra más sentido "la transparencia que se está poniendo de manifiesto en la comisión de investigación, impulsada entre otros por el PSOE".