La Comisión Permanente de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad una proposición de ley de Chunta Aragonesista por la que se solicitará al Gobierno central que establezca medidas de compensación económica, a través de desgravaciones fiscales, a las empresas y negocios que se han visto perjudicados por el cierre del túnel y del puerto de Somport al paso de vehículos pesados.

Los problemas en la RN134, entre la frontera y la ciudad francesa de Pau, empezaron en el mes de abril pasado y se prolongaron, de forma intermitente, durante gran parte del verano, como consecuencia primero del deslizamiento de una ladera y, posteriormente, de un desprendimiento que se registró muy cerca del túnel internacional. Un estudio reciente señaló que las consecuencias de las restricciones al paso de viajeros y mercancías habían supuesto unas pérdidas de 730.000 euros semanales.

Asimismo, en la sesión de ayer compareció a petición del PSOE el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Fernández de Alarcón, para explicar el grado de aplicación del convenio firmado con Renfe en el 2013.

La oposición criticó el "insuficiente" estado de las comunicaciones por ferrocarril en Aragón y la inexistencia de fondos para el corredor Cantábrico-Mediterráneo en su recorrido por Aragón.

Fernández de Alarcón adujo que el Gobierno aragonés ha conseguido que el Ejecutivo de Rajoy lleve a Bruselas las demandas aragonesas en materia ferroviaria, con el fin de acceder a unos fondos de más de 11.000 millones de euros para mejorar la conexión entre países. Las obras propuestas son el desdoblamiento del tramo Calatayud-Ricla, el comprendido entre Plasencia y Zaragoza, la variante sur de Zaragoza, el tramo Zaragoza-Monzón y la línea férrea completa hasta Tarragona.