Eal Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional cree que el dinero de los 17 millones de sobrecostes del caso pagarés, en la construcción de unas naves en Plaza, puede estar en paraísos fiscales y en cajas de seguridad bancarias.
Así se lo comunicaron ayer al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, a través de un voluminoso informe en el que han hecho una detallada radiografía patrimonial de tres de los imputados: el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el constructor Agapito Iglesias. En el mismo participaron Hacienda y Vigilancia Aduanera.
Los investigadores señalan que "existe la posibilidad, por otro lado habitual en este tipo de investigaciones, de que parte de los fondos (especialmente dinero en efectivo) de los que disponen los procesados sea trasladado fuera de España con destino a terceros países". En esta forma de proceder señalan como sospecha los viajes de Escó a Panamá, Colombia o Guatemala, o los realizados a Reino Unido y Ecuador por parte de Agapito Iglesias.
POR TRABAJO
Ambos tendrán que explicar si esto es así o si los movimientos se deben a sus trabajos e inversiones en dichos países. En el caso de Escó, que ha sido director de relaciones institucionales de Telefónica en Iberoamérica.
Otro destino del dinero podría ser las cajas de seguridad en entidades financieras, según esta brigada dependiente de la Jefatura Superior de Policía en Aragón. Se basan en pagos de hasta 313,50 euros, como es el caso del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, para el alquiler de este tipo de depósito.
Por ello, la Policía solicita al juez Picazo que si quiere saber más al respecto del paradero del dinero que dicte un mandamiento judicial para realizarlo. Una petición que ya hicieron la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la abogada Irene Romea en nombre de UPD, quien llegó a hablar de testaferros.
Sin embargo, el magistrado lo rechazó por considerar que era "inútil" porque el dinero ganado de forma ilícita no iba a guardarse de forma visible.
PROPIEDADES
La Policía destaca especialmente que estos tres imputados --no analizan al director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez Cervantes-- hicieron una serie de donaciones y traspasos a sus mujeres e hijos que les ha llevado a tener muchas menos propiedades de las que en un primer momento tenían. El año clave en todos ellos es el 2011, varios años antes de que se destaparan las diferentes investigaciones judiciales sobre la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza.
Quien más acciones, sociedades o bienes ha puesto a nombre de sus familiares es el constructor soriano, según este informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En concreto, por valor de 1.227.353,84 euros.
El exgerente de Plaza, que ganaba poco más de 100.000 euros, se desprendió de bienes inmuebles y de participaciones sociales por valor de 714.464,39 euros. Las nuevas dueñas de casas y fincas pasaron a ser su esposa, Elena Planté, y sus hijas Carolina y Patricia, imputadas en el caso saqueo, también relacionado con supuestas irregularidades en la Plataforma Logística Plaza.
En el caso de Escó es diferente a los anteriores, ya que lo que realiza es una separación de bienes con su esposa, Eva Almunia, que sigue siendo diputada por el PSOE.
Este informe tiene como objetivo conocer el patrimonio de todos los encartados de cara a cubrir la responsabilidad civil de 18,6 millones de euros, que todavía no se ha pagado, a pesar de los diferentes embargos.
