El Gobierno de Aragón se personará en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel por un presunto delito de tráfico ilegal de medicamentos y exportación ilegal.
Este caso se destapó el pasado mes de mayo y ha supuesto la detención de varios farmacéuticos en las provincias de Teruel y Zaragoza, el cierre de farmacias y la imputación de profesionales por un presunto fraude en la venta de medicamentos.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la personación en las diligencias previas que se instruyen en Teruel por delitos que pueden derivar en uno contra la salud pública y, en su caso, el ejercicio de las acciones judiciales penales y civiles que correspondan por los daños causados al Servicio Aragonés de Salud.
Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el titular de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, el Ejecutivo considera importante personarse en este presunto caso de corrupción, que ha supuesto un perjuicio económico al Servicio Aragonés de Salud que aún se está cuantificando.
Según el Gobierno de Aragón, su voluntad ha sido en todo momento y desde el principio colaborar con la Justicia para combatir el tráfico ilegal y la exportación ilícita de medicamentos, ya que éstos ocasionan un importante daño a la salud pública porque originan desabastecimientos de medicamentos y deterioro de la calidad de los mismos, por las condiciones de almacenamiento, transporte y pérdida de trazabilidad.
Además de colaborar con la Justicia, el departamento de Sanidad ha estado trabajando para que no existieran problemas de abastecimiento de medicamentos ni en Zaragoza ni en las zonas rurales donde han sido cerradas las farmacias implicadas en el presunto fraude investigado.
En esa línea, la Guardia Civil ha ido informando previamente al departamento de Sanidad de los pasos que iban a dar contra dichos establecimientos farmacéuticos a fin de evitar los referidos problemas.
Para evitarlos se reorganizaron las guardias en la capital aragonesa y se establecieron contactos con farmacéuticos de poblaciones cercanas a los pueblos con las farmacias intervenidas para que atendieran las necesidades de sus vecinos.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de que varios usuarios denunciaron ante la Inspección de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud (Salud) la imposibilidad de retirar de su farmacia la medicina prescrita mediante receta electrónica.
Tras las averiguaciones realizadas por el departamento de Sanidad se comprobó que en estos casos la medicación aparecía como dispensada en una farmacia que no correspondía al lugar de residencia de los usuarios.
Según el Gobierno de Aragón, aunque el tráfico ilegal y la exportación ilícita no ocasionan un perjuicio económico al Salud de forma directa, induce a la defraudación a través de la falsificación de recetas y facturación fraudulenta de las mismas, al poder utilizar para aquel fin los cupones, precintos de los medicamentos desviados, especialmente aquellos que tienen un mayor coste.
