Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) solicitará para el empresario leonés del carbón Victorino Alonso una condena de 3 años de prisión, una multa de 288.000 euros y el pago de una indemnización de 50,9 millones como presunto responsable de la destrucción de la cueva de Chaves.
En su escrito de acusación por un delito contra el patrimonio por la destrucción de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos más importantes del país y del continente europeo, la representación legal de Apudepa señala que era Alonso quien administraba de hecho las sociedades que gestionaban el coto de caza donde se ubicaba la cueva.
Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto, ubicado en el Parque Natural de Guara y vallado en su perímetro.
Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida "irremediable" de los posibles niveles arqueológicos existentes y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.
Apudepa, tras incidir que el yacimiento es un bien protegido incluido en la Carta Arqueológica de Aragón, reclama a Alonso el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros, la cantidad establecida en uno de los informes periciales aportados por el Gobierno aragonés a la causa.
En su escrito, la asociación pide que se inste al empresario a facilitar la recuperación del material que depositó en los campos de la finca y a realizar a su cargo el cierre y vallado tanto de la cueva de Chaves como de las cuevas de Solencio, donde se localizan pinturas rupestres.
El escrito de Apudepa se suma a los ya presentados por la fiscalía, que solicita para Alonso 2 años y 6 meses de prisión y 14 millones de indemnización por un delito contra el patrimonio, y Ecologistas en Acción, que reclaman dos condenas de 3 años de cárcel tras sumar otro delito contra el medio ambiente y 50,9 millones.
La indemnización planteada por la fiscalía se deriva de un segundo informe pericial encargado por el Gobierno aragonés en el que se rebajó el valor de los daños a 14 millones.
Por otra parte, el Gobierno aragonés confirmó recientemente la presentación de un escrito de acusación penal y de reclamación civil, cuyo contenido no ha hecho público.
