La Comisión Asesora de Derecho Civil deberá decidir si a Aragón le compete regular el derecho de las menores de edad a interrumpir voluntariamente el embarazo sin el consentimiento de sus progenitores. En estos momentos, el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley que pretende condicionar el derecho al aborto en las menores al consentimiento de al menos uno de sus progenitores.

Las Cortes aprobaron ayer por unanimidad mandatar a la DGA para que reclame un informe en el que determine esta competencia, en virtud de las peculiaridades del Derecho Foral aragonés en el que se reconoce la capacidad de los mayores de 14 años para tomar determinadas decisiones. Así se recoge también en el propio Estatuto de Autonomía y una fallida ley autonómica de Derecho de la Persona que no entró en vigor porque su tramitación se vio interrumpida por el fin de la pasada legislatura.

ENMIENDA ACEPTADA

La iniciativa fue defendida por el portavoz de CHA, José Luis Soro, quien presentó esta propuesta que contó con el apoyo de todos los partidos tras aceptarse una enmienda del PP. El texto final determina que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que solicite a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil un informe en el que determine si la competencia para legislar sobre la prestación del consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos permitidos por la ley, por parte de mujeres menores de edad o con capacidad modificada judicialmente, o mujeres mayores sujetas a tutela o curatela o que no estén en condiciones de prestar su consentimiento, corresponde a Aragón. Y lo hace en virtud de la competencia exclusiva sobre la conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés prevista en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía.

Soro consideró que esta iniciativa defendía "los derechos individuales de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y maternidad, y al derecho colectivo del pueblo aragonés al autogobierno. También añadió que "suma libertad individual y derecho de autogobierno ante la imposición de moral, concepto de pecado, modelo de familia y de mujer y sus prejuicios".

DEBATE IDEOLÓGICO

Soro encontró el apoyo ideológico de la diputada de IU, Patricia Luquin, y de la del PSOE, Lorena Canales, mientras que el portavoz del PAR, Alfredo Boné, respaldó la salvaguarda del derecho foral. Por su parte, la diputada popular Yolanda Vallés respaldó la conveniencia de que se emita un informe acerca de las competencias, aunque mostró sus dudas jurídicas por el conflicto existente entre dos leyes. Además, rechazó un debate sobre "dos posiciones ideológicas y sociológicas diferentes" y recordó además que el propio derecho foral establece la asistencia del padre o del tutor en los menores de edad.