La apertura del cuarto proceso judicial --sin contar los dos archivados-- por la gestión de la plataforma logística Plaza, el que será el caso karts, es inminente y contará en un principio, y a falta de lo que depare la instrucción, con tres denunciados. A las acusaciones ya apuntadas contra el exgerente de la entidad Ricardo García Becerril y el exconsejero delegado Carlos Escó se unirá la del propietario de los terrenos del Kartódromo Aragón, S. B..
Según fuentes judiciales consultadas, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Provincial de Zaragoza ya tiene ultimada la denuncia, que a más tardar se presentaría la semana que viene en el Juzgado Decano para que este la asigne por turno de reparto al juzgado que corresponda.
En ella, el ministerio público ve claros indicios de que los acusados se repartieron unos 600.000 euros de los alrededor de 6.000.000 de la venta de la empresa a Plaza, que incluyó una permuta por un terreno y una nave. Por ello les imputa en principio un delito de malversación de caudales públicos, a falta de lo que opine el juez y lo que depare la instrucción.
Al parecer, finalmente la acusación pública no se va a centrar tanto en el sobreprecio que pudo pagar Plaza --tras la negociación de García Becerril y el visto bueno del consejo--, sino en la citada mordida de la venta.
La Policía detuvo el viernes pasado a García Becerril y a Escó, pero los dejó en libertad tras negarse ambos a declarar. Todo apunta a que tendrán que hacerlo ante el juez, una vez que tengan acceso a las diligencias.
El caso fue denunciado inicialmente por la actual directiva de Plaza, pero de forma muy escueta y sin pruebas suficientes. Recientemente aportaron nueva documentación que, junto a las pesquisas del Grupo de Blanqueo y Anticorrupción, han permitido formular la acusación. Esta, teniendo en cuenta el plazo --la venta se desarrolló entre el 2004 y el 2005--, ha llegado casi en el límite, ya que habría prescrito en julio.
