Las Cortes reclaman un estudio antes de trasladar el Registro Civil

El Parlamento autonómico reclamó ayer un estudio para conocer "el impacto que tiene a los usuarios" el traslado del Registro Civil de Zaragoza "a las afueras de la ciudad". La Comisión Institucional, con el apoyo de todas las formaciones excepto Ciudadanos, instó al Ejecutivo a elaborar un informe "en breve plazo" y "antes de decidir el traslado a la Expo", además de analizar "la posibilidad de mantener la atención al público en una ubicación céntrica y de fácil acceso en diálogo y coordinación con el ayuntamiento".

De acuerdo con el texto que el Grupo Popular, del que surgió la iniciativa, ha pactado con PSOE y Podemos tras la presentación de enmiendas, se pide también "valorar el hecho de utilizar los espacios actualmente disponibles o que pudieran habilitarse", así como "la posibilidad de ampliar horarios de atención al público del registro en su ubicación definitiva" y apostar por el servicio online. La iniciativa también recoge "estudiar el coste del mantenimiento de las instalaciones de la nueva ubicación propuesta".

El representante del PP Fernando Ledesma, expuso que la iniciativa pretende "evitar que se complique la tarea y el trabajo de los ciudadanos en una tarea que se afronta todos los días" e incidió en que "queremos que se estudie antes de una decisión que parece que ya estuviera tomada".

La nueva directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, que compareció en la comisión institucional de las Cortes, consideró "imprescindible" apostar por la modernización plena de la Administración de Justicia y apostó por un Registro Civil "público". Júlvez explicó que su traslado a la Ciudad de la Justicia "permitirá ahorrar un millón y medio de euros al año".

En cuanto a la Justicia Gratuita, pretende "ampliar" el servicio ofrecido a personas en situación de exclusión social. "Queremos que no solo se ciña a los asuntos judiciales, sino a todas las actuaciones derivadas de él, incluidos los procesos administrativos" y marcó como "primordial" acometer la implantación del modelo Papel 0, fijado como obligatorio por el Estado para el 1 de enero del 2016. Según ella, el anterior Ejecutivo "no ha acometido las redes necesarias para ponerlo en marcha", por lo que "comencé a tomar decisiones a este respecto el mismo día de tomé posesión" para "llegar a tiempo".

OFICINA JUDICIAL

La directora general también hizo especial hincapié respecto a la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, queriendo recuperar "un documento que se elaboró hace ocho años entre todos los sectores implicados", y que "el anterior Ejecutivo tiró a la papelera para no meterse en un charco difícil". Añadió que, en este ámbito "no se amortizará ningún puesto de trabajo porque parte del personal prestará otros servicios necesarios que ahora no se realizaban".

Júlvez también hizo referencia a la situación de saturación que sufren los partidos judiciales de zonas rurales, para lo que "hemos dado orden de reforzar personal en los de Jaca, Calatayud y Ejea", anunció.