La constructora Brial, propietaria de los terrenos en los que se encuentra la antigua fundición de Averly, solicitará en los próximos días al Ayuntamiento de Zaragoza que se active la licencia de derribo y que continúe con la elaboración del plan especial que le permite la construcción de las más de 200 viviendas proyectadas en la parte no catalogada del conjunto.
La empresa considera que la sentencia del Tribunal Supremo les da la razón y, por eso, afirman que es "su deber" solicitar que se active la licencia de derribo. "Hasta ahora nuestro deber era esperar a la resolución judicial y así los hemos hecho", expresaron desde Brial. Sin embargo, el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, insistió vehementemente ayer en que no concederá la licencia de derribo y recordó que "entre todos suspendimos la orden de derribo, por lo que la corresponsabilidad es de todos".
Aunque la empresa lleva años esperando para poder ejecutar las más de 200 viviendas previstas, afirman no haber calculado las pérdidas que este retraso les ha supuesto. Tampoco reconocen haber recibido oferta alguna de permutas de terreno por parte del consistorio, tal y como insinuó en la comisión de Urbanismo de ayer el portavoz del Partido Popular en el área, Pedro Navarro. "No se nos han propuesto permutas", afirmaron las mismas fuentes, que aseguraron que ahora solo les queda esperar la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza.
Desde Brial afirman que no van a reclamar compensaciones ni indemnizaciones al Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que ésta fue una de las cuestiones más recriminadas al portavoz de Urbanismo, Pablo Muñoz, tanto por el grupo municipal socialista como por el PP, que alertaban de que la propiedad de los terrenos había realizado una inversión y que no cedería sin reclamar lo que es suyo. De momento desde la constructora se ciñen a seguir los cauces administrativos de reclamar que se active la licencia de derribo.
