La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, se ha comprometido hoy a contar con la perspectiva del tercer sector en la elaboración de una nueva Ley de Contratos que se realizará para aplicar la nueva directiva europea de Contratación Pública aprobada en 2014.
Así lo ha indicado hoy en la clausura de las III Jornadas "El Aragón que queremos: Por una contratación pública responsable", donde ha recogido las conclusiones y propuestas elaboradas por la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión, cuyos portavoces le han pedido la creación de una comisión de trabajo para poder aportar la perspectiva y necesidades específicas del tercer sector.
Broto ha asegurado que se va a contar en todo momento con la participación de las entidades sociales porque es "fundamental y son quienes mejor conocen las especifidades de la atención a las necesidades sociales con una perspectiva integral", según ha indicado la organización de las jornadas en un comunicado.
En este sentido, fuentes del Gobierno de Aragón han indicado que la consejera ha defendido la consolidación del sistema público de servicios sociales con la colaboración de todas las administraciones y las entidades.
A su juicio, el sistema público de servicios sociales no está tan consolidado como pueden ser el educativo o el sanitario y, por ello, ha abogado por la colaboración "para poder llegar a todos los ciudadanos de la comunidad".
En esa colaboración, ha añadido, "el papel de las entidades sociales es fundamental porque son quienes mejor conocen lo que ocurre" en este ámbito.
En lo que se refiere a los contratos públicos, ha señalado que durante la crisis "se han tenido en cuenta los criterios economicistas a la hora de contratar" y que por ello hay empresas que no tienen nada que ver con los servicios sociales actuando en el sector.
No obstante, ha anunciado que el Gobierno de Aragón quiere trabajar para que la Ley de Contratos tenga en cuenta la calidad del trabajo que realizan las entidades sociales, tal y como dictan las directrices europeas.
En estas terceras jornadas han participado más de 80 técnicos de entidades sociales y administraciones públicas para reclamar "que se deje de priorizar el precio en las adjudicaciones frente a la garantía y apoyo de los objetivos sociales comunes", una premisa imprescindible especialmente en la contratación de servicios relacionados con el ámbito social".
En las conclusiones presentadas hoy se ha apuntado la necesidad de que las cláusulas de los pliegos de contratación "concreten al máximo la calidad con la que la Administración quiere contratar los servicios sociales", según la organización.
Asimismo, los técnicos de las entidades sociales han incidido también en que "la acción social requiere una nueva perspectiva menos compartimentada y más plural, que tenga en cuenta todo el recorrido vital de las personas".
