El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza decidió aparcar la suspensión del plan especial de la antigua factoría Averly que se iba a debatir en la comisión de Urbanismo celebrada ayer en el consistorio zaragozano. Es la respuesta a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de la Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) por un error formal, al presentarla fuera de plazo.
El consistorio cumple así con la legalidad, ya que el recurso planteado por Apudepa constituía el motivo legal para poder plantear la suspensión del plan especial que permite la construcción de más de 200 viviendas en la parte no catalogada del conjunto de la fundición. Aunque este plan siga adelante, la licencia de derribo sigue suspendida. Pablo Muñoz, responsable de Urbanismo, insistió en que utilizará todos los recursos posibles "para que el plan Especial no siga avanzando" y manifestó que continúa "la suspensión de la licencia de derribo".
OTROS LITIGIOS
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) aún no ha resuelto los recursos que reclaman ampliar la catalogación y la protección del conjunto. "Vamos a seguir el principio de permanencia, porque luego nos lamentaremos, como de que ya no haya palacios renacentistas en Zaragoza", expresó Muñoz, que se propuso, incluso "recuperar Averly", lo que aceró las críticas de los concejales de la oposición.
Aunque la suspensión del plan especial se retiró del orden del día, los grupos políticos marcaron sus posiciones y solo CHA apoyó al Gobierno de ZeC y requirió que se siguiera luchando para lograr catalogar el conjunto industrial. Aún así, su portavoz, Carmelo Asensio, le preguntó a Muñoz qué planes tiene para su gestión y qué contactos ha mantenido con Brial, la constructora propietaria, recordándole que "no será fácil".
Pero las críticas llegaron de la mano de PP, PSOE y, en menor medida, de Ciudadanos. Pedro Navarro, portavoz de los populares en la comisión, le espetó que "no puede decir que es una pieza fundamental: es una propiedad privada", a lo que el responsable de Urbanismo respondió que las capacidades de catalogación de la Administración "están por encima que los intereses privados". "Para perder dinero, trabajo y cumplir sus entelequias, no cuente con nosotros", concluyó.
Lola Ranera, portavoz socialista, le recriminó estar adoptando una posición "política y arbitraria" y le recordó que "el plan General le confiere al propietario el derecho de edificar". Además, le inquirió que piense en los ciudadanos, ya que "son ellos los que pagan". Ante la insistencia de PP y PSOE sobre las posibles indemnizaciones que deberá afrontar el consistorio a la empresa, Muñoz respondió que "el único auto por el que la propiedad puede pedir dinero es por la suspensión de la orden de derribo", que como ya había manifestado, aprobaron por mayoría.
