La constructora Brial ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza en el que solicita que se active el expediente de suspensión del Plan Especial y otorgue la licencia de derribo de las naves de la fundición Averly que no están protegidas.
En la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento del pasado 21 de octubre, se retiró este expediente tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que desestimaba el recurso de casación de la Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que pedía la supresión de la exigencia de la caución de un millón de euros por posibles perjuicios en la paralización cautelar de los derribos en la antigua factoría de Averly.
El Gobierno de Zaragoza aseguró que mantenía su pretensión de proteger totalmente la antigua factoría y anunció que trataría de llegar a un acuerdo con la propiedad de la fundición y con el Gobierno de Aragón.
En un comunicado de prensa, Brial advierte hoy de que de no estimarse su solicitud, el Ayuntamiento actuaría de manera arbitraria y no ajustada a Derecho por ser "injusta, anómala e inmotivada".
Asimismo, añade que si el consistorio no cesa su comportamiento, se vería obligada a ejercitar todas las acciones que sean precisas ante cualquier instancia y jurisdicción, adicionales a la petición de responsabilidad patrimonial ya presentada hace unos meses.
Brial considera que el interés general debe primar sobre el particular, pero no como al parecer lo entiende el gobierno municipal ya que la protección de la totalidad de Averly es contraria a los intereses generales, públicos y privados y a los del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.
También es contraria, según aseguran, a lo acordado por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, y por las Cortes de Aragón que en el pleno de febrero del pasado año desestimaron la catalogación íntegra de todo el complejo Averly.
La constructora incide además en que debe valorar tanto su viabilidad presente, cuya conservación supondría un importe superior a 20 millones de euros, como futura, por los altos costes de gestión y mantenimiento que supondría el uso de unas viejas naves industriales para otros para los que nunca fueron concebidas.
Brial espera respuesta del consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, a la solicitud que le cursó a principios de octubre para mantener una reunión.
