El Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a plantar batalla por el canon de saneamiento de la DGA, oficialmente llamado Impuesto por la Contaminación de las Aguas (ICA), que se traducirá, según los cálculos de los técnicos, en un incremento medio del recibo del 30,3% en la capital aragonesa. El consistorio considera que primero hay que hablar y poner sobre la mesa cifras fidedignas, ya que la recaudación de 12 millones de euros que dijo el consejero de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Fernando Gimeno, y que contempla la propia ley en sus previsiones, son más de 16 según el ayuntamiento. Y, como muestra de que no está conforme el consistorio, se le ha denegado al Instituto Aragonés del Agua (IAA) la entrega del padrón municipal, que ya ha solicitado para ejecutar la subida el próximo año.

Los cálculos que hace Zaragoza nada tienen que ver con las estimaciones de Gimeno, ni en los ingresos que se obtendrían --con una tarifa equivalente al 40% de la general-- ni en la repercusión en el recibo. Según manejan los técnicos municipales, sus efectos son bien distintos si se entiende la factura del agua, el abastecimiento y el saneamiento, como un todo, ya que la subida del recibo sería de un 30,3%. Pero, tal y como lo tiene Zaragoza, por separado, el porcentaje se eleva al 62% con respecto al de saneamiento.

En la ciudad, este recibo se gira a través de la sociedad Ecociudad. En el 2014, último año completo, se recaudaron 26.357.758 euros por este concepto, a razón de 37,65 euros por habitante al año. Lo que pretende facturarle el IAA a los zaragozanos supondrá añadirle a esta cifra otros 23,37 euros por habitante al año, que irían a parar directamente a las arcas autonómicas. En total, el promedio al que tendrían que hacer frente las familias, solo por este concepto, sería de 61,02 euros.

Contando el abastecimiento, la cuantía es mayor, pero el porcentaje baja al 30,3%. De los 53,95 millones de euros recaudados en el 2014 se desprende una media por recibo de 77,08 euros. Sumando la factura que quiere pasar la DGA, la cifra ascendería a más de cien euros por habitante al año. Una entrada en el sistema general que la capital aragonesa se resiste a aceptar y que se deberá decidir en dos meses.