La empresa propietaria de los suelos de la factoría Averly, la constructora Brial, dio ayer el paso definitivo para poner al Ayuntamiento de Zaragoza contra las cuerdas y forzarle a decidir si las naves no catalogados la vieja fundición del paseo María Agustín deben ser derribadas o no. Ya no se trata de mostrar una opinión o una apuesta política. Los propietarios del suelo han solicitado a Urbanismo que se reactive el expediente para recibir la licencia que autorice el inicio de la demolición de estas y amenaza en su escrito con llevar al consistorio a los tribunales si persiste en su actitud.

"De no estimarse nuestra solicitud reiterada de licencia de derribo podría entenderse que esa Administración, en definitiva, no está más que dictando una resolución arbitraria, sabiendo que la misma es injusta, anómala, inmotivada y no ajustada a derecho". Así lo explica en su escrito el responsable de Brial, Carlos Briceño, pidiendo el levantamiento inmediato de la suspensión del procedimiento administrativo que aprobó la Gerencia de Urbanismo en julio del 2014.

"Brial comparte que el interés general debe primar sobre el particular, pero no como al parecer lo entiende el actual Gobierno municipal, ya que la protección de la totalidad de Averly es contraria a los intereses generales, públicos y privados, a los del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) --que prevé la construcción de pisos en ese suelo--, a lo acordado por la Dirección General de Patrimonio de la DGA --que catalogó solo el 30% de la propiedad--, y a lo acordado por las Cortes de Aragón en febrero del 2014", cuando se desestimaron dos proposiciones no de ley que pedían catalogar la totalidad de la vieja factoría zaragozana.

Pero Brial va más allá en su escrito dirigido al responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, con el que, asegura, pidió a principios de este mes de octubre una reunión urgente para abordar esta cuestión a la que no ha respondido. En su petición asevera que el precio de salvar Averly para realizar un equipamiento público "nunca sería inferior a 20 millones de euros". Por eso, la empresa entiende que también sería contrario al interés general "dejar de atender las emergencias sociales de los ciudadanos" que supondría acometer ese gasto.